En esta nueva etapa del proceso, resta que se designe a los jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones y se establezca la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses.
El gobierno argentino presentó en las últimas horas un escrito ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de frenar el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la estatización de la petrolera estatal.
La presentación busca suspender de manera definitiva y sin condiciones la decisión dictada en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó una indemnización superior a los US$16.000 millones, más intereses, por supuestos incumplimientos contractuales tras la expropiación de YPF en 2012.
En esta nueva etapa del proceso, resta que se designe a los jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones y se establezca la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses. La definición judicial podría sentar un precedente significativo en materia de litigios internacionales contra Estados soberanos y representar uno de los fallos más costosos en la historia de la justicia norteamericana contra un país extranjero.
En su presentación contra Eton Park, el Gobierno justificó la suspensión de la entrega de acciones al marcar que Estados Unidos “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero» y que, además, “contradicen lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos”. Esto tiene que ver con que las acciones de YPF se encuentran dentro del territorio argentino y no son utilizadas para actividades comerciales en Estados Unidos que puedan servir en base para la demanda.
“También vulnera principios de cortesía (comity) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna», señaló la nota.
“Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”, explica el comunicado.
