El motivo es «por traición a la patria» además de otras cuestiones relacionadas al juicio que se está llevando adelante por la Causa Vialidad. La causa recayó en el juzgado federal número seis.
Dirigentes de Juntos por el Cambio emitieron una denuncia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaersense Axel Kicillof, y el ministro de Interior Eduardo «Wado» de Pedro por diferentes delitos como «incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos», entre otros.
Encabezados por Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Héctor Baldassi y María Luján Rey, entre otros miembros del sector, consideraron que «la consigna ‘Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar’ remite claramente a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales».
En el texto de la denuncia, expusieron que «existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores».
«El plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de ‘lawfare’, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos», sigue.
En ese sentido, sostiene: «Una vez producido el cambio de gobierno se materializó con la designación de personas vinculadas a las imputadas en tales casos en cargos públicos claves para entorpecer, inhibir o desbaratar las investigaciones penales y las decisiones judiciales».
Puntualiza que CFK «utilizando las dependencias asignadas por y para el ejercicio de su cargo en el Senado de la Nación, además de las estructuras y personal de esa institución, lanzó una versión falsa del proceso (la Causa Obra Pública) a modo de proclama política».
En la misma, quedaron enlistados los siguientes delitos: «incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, encubrimiento, perturbaciones al ejercicio de la función pública, coacción agravada e instigación a cometer delito».
Como argumento, el texto refiere al artículo 36 de la Constitución Nacional, la cual le «atribuye la calidad de traidores a la patria a quienes cometan graves hechos de corrupción que conlleven enriquecimiento», aunque el el artículo 119 de la Carta Magna establece que «la traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro».
El artículo 214 del Código Penal fija penas de diez años de cárcel y prisión perpetua para «todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro».
