Se le exigirán a los fabricantes registrar sus dispositivos con u código único en el Enacom
En el marco del plan para el freno definitivo del mercado negro de celulares, el Gobierno implementará a principios del 2018 una «ampliación de la lista negra». De esta manera, el Ministerio de la Producción y el Enacom (Ente Nacional de las Comunicaciones) intentarán sacar de circulación los dispositivos robados o contrabandeados (alrededor de 3 millones) que ya representan el 30% del mercado formal y perjuicios por entre US$800 y US$1.000 millones.
“La decisión está tomada, sólo faltan los detalles técnicos y administrativos. El objetivo es desactivar el uso de las terminales vendidas por fuera del circuito legal”, explicó una fuente calificada del órgano regulador de las telecomunicaciones. En este sentido, aclaró que “la medida no está enfocada al turista que compra un iPhone en el exterior, sino en los comercios y cuevas que ofrecen celulares de media y alta gama a precios muy por debajo del promedio del mercado”.
El procedimiento es el siguiente: cada teléfono cuenta con un código único que emite el celular a la red cuando se activa y que informa todo: marca, modelo, origen y lugar de venta, entre otras cosas. Se llama IMEI (por sus siglas en ingés, International Mobile Station Equipment Identity). Por lo que se obligará a cada fabricante y marca remitir al Enacom los IMEI de sus equipos (producidos o importados legalmente), excluyendo al resto.
Así, se intenta restringir al ingreso ilegal fronterizo de estos productos y a quienes viajan a otros países y vuelven con uno o dos smartphones sin registrarlos en Aduana. “La idea es agregar los IMEI en uso de los celulares que no fueron producidos o importados legalmente”, explicó un funcionario. “Si un celular se activa y no está registrado, a la telefónica le aparece un cartel y el usuario debe presentar la factura de compra correspondiente”, añadió un alto ejecutivo de una multinacional en una reunión que se realizó en el Enacom.
Según el borrador del proyecto, los bloqueos sólo abarcarán a las unidades nuevas, compradas después de la entrada en vigencia de la nueva norma. En esta línea existe una discusión que propone elevar el monto permitido de compras en el exterior de 300 dólares a 500 o 1000 dólares, «para evitar complicaciones».
El propio funcionamiento de la red, por otro lado, permite conocer la envergadura de la informalidad: cada marca (Samsung, Huawei, Motorola y LG, por ejemplo) conoce al detalle la cantidad de equipos que están en uso, el país de origen y el lugar de compra. Quedan puntos por definir, algunos controvertidos, como el rol determinante de las telefónicas en el bloqueo de las terminales sospechadas.
“Son 3 millones de usuarios potenciales enojados porque no le habilitan el servicio. Y afrontar los costos de ejercer el control, lo que implica mayor personal”, reconoció un ejecutivo de una marca multinacional, aludiendo al malestar de las telefónicas por la medida que se intenta implementar. Movistar, Personal y Claro rechazaron hacer comentarios.
En otros países, como en Perú, México y más recientemente en Chile, existen las llamadas “listas blancas” en dónde se establece que sólo se pueden usar los celulares comprados en esos países, todo con el fin de frenar el contrabando. Con las variantes mencionadas, la Argentina intenta dificultar la operatoria de comercios irregulares, que afecta a toda la industria, marcas, fabricantes y las propias telefónicas, que concentran el 60% de las ventas de celulares del país.
El contrabando surgió con fuerza a partir de 2014 (1,5 millones) y fue creciendo paulatinamente en 2015 (2 millones) y 2016 (2,5 millones), según estimaciones del consultor especializado Enrique Carrier. “Lista blanca, lista negra o gris, cualquier alternativa es un requisito clave para parar el contrabando”, interpreta Fabio Rozenblum, CEO del grupo Mirgor, que fabrica celulares para varias marcas en Tierra del Fuego.
El ingreso ilegal de celulares afecta a casi todas las marcas, especialmente a Samsung, que lidera el mercado local con casi el 70% del market share. La marca coreana, incluso, inició más de 30 denuncias penales contra comercios y cuevas que ofrecían sus equipos a través de sitios de subastas en Internet, a precios sospechosamente rebajados.
