La vicepresidenta hablará en una audiencia que definirá el futuro de la investigación, donde pedirá la nulidad. La jueza Gabriela López Iñiguez, titular del TOF 8, fijó para las 11:30 de la mañana la declaración de la imputada.
Este viernes a las 11.30 de la mañana se fijó una audiencia, según confirmó el Tribunal Oral Federal 8, en la que declarará la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa del memorándum con Irán. La palabra de la ex mandataria será transmitida en vivo y se espera que declare la nulidad de la causa.
La causa que nació tras la denuncia de Alberto Nisman enero de 2015, fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y luego fue reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal e investigada por el juez Claudio Bonadio.
La audiencia se dará 48 horas antes de que se cumplan 27años del ataque a la mutual judía que provocó la muerte de 85 personas. En la causa en la que quedó procesada la vicepresidenta investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.
La audiencia fue fijada por la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del TOF 8, para este viernes a las 11.30 de la mañana, tras rechazar la recusación del fiscal Marcelo Colombo. La querella de las víctimas de la AMIA se oponen a esta audiencia, ya que entienden es un escenario para cerrar la causa como el caso de dólar futuro.
La base para pedir la nulidad de la causa se funda en las reuniones que, se supo ahora, tuvieron los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con el entonces presidente Mauricio Macri. Esos dos jueces fueron claves a la hora de la reapertura de la investigación que inicialmente había sido desestimada por inexistencia de delito. Para la defensa, “resulta imprescindible que las prácticas escandalosas que aquí han sido denunciadas (encuentros de magistrados con el Presidente de la Nación cuando al propio tiempo intervienen en causas en las que el gobierno explicita su interés) tengan como consecuencia inevitable una sanción procesal que determine la invalidez de todo lo actuado por tales jueces. Ello, sin perjuicio de las demás consecuencias penales y disciplinarias que el caso amerita”.
