Los responsables de tripular la aeronave que hizo más de 60 vuelos a la mansión atribuida al tesorero de la AFA Pablo Toviggino dijeron que jamás llevaron pasajeros.
Dos pilotos que tripularon un helicóptero que realizó al menos 60 vuelos a una casaquinta de Villa Rosa, Pilar, investigada por pertenecer a supuestos testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declararon ante la Justicia que se trató de vuelos de entrenamiento sin pasajeros y que no podrían reconocer a ningún dirigente del comité ejecutivo.
Ambos testigos se presentaron en el juzgado en lo penal económico 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, para declarar bajo juramento. El helicóptero aterrizaba en el helipuerto de la quinta propiedad de la sociedad Real Central, perteneciente a Luciano Pantano y su madre Ana Conte, imputados e investigados como presuntos testaferros en la causa.
Según explicaron fuentes judiciales, los pilotos no aportaron información relevante al expediente y señalaron que no recuerdan a las personas que eventualmente transportan en sus vuelos.
Declaraciones sin datos sobre pasajeros
Uno de los pilotos explicó que la ausencia de registros de pasajeros se debió a que “si no se consignaron pasajeros fue porque no había pasajeros”. Además, afirmó que no podría reconocer a integrantes del comité ejecutivo de la AFA ni siquiera mediante fotografías y que, en general, le “costaría reconocer” a quienes transporta.
“Me olvidé completamente. No tenemos intervención con los pasajeros”, sostuvo.
En la misma línea, el otro piloto declaró que tampoco reconocería a personas que hubiera trasladado si las viera en la calle y que, en el caso específico bajo investigación, “fueron vuelos de entrenamiento”. “No conozco a ninguno de los nombrados”, concluyó en referencia a dirigentes de la AFA.
Los vuelos, realizados por un helicóptero de una empresa privada, fueron informados al juzgado por un organismo oficial. Sin embargo, durante un allanamiento a la casaquinta no se encontró el libro donde deberían estar asentadas las operaciones del helipuerto. Ante esta situación, el juzgado analiza nuevas medidas de prueba para intentar identificar quiénes eran los pasajeros.
Se demora la definición sobre el futuro de la causa
En paralelo, el fiscal general de San Martín, Alberto Gentili, pidió esperar hasta febrero para resolver el conflicto de competencia sobre qué juez continuará con la investigación. La defensa de Luciano Pantano solicitó la inhibitoria de Aguinsky para que la causa pase al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con jurisdicción en Pilar.
El juez González Charvay aceptó el planteo y pidió la inhibitoria, pero Aguinsky se negó, al considerar que el “epicentro” de la investigación está en la AFA, por una posible defraudación a sus asociados, cuya sede se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
Antes de que resuelva la Cámara Federal de San Martín, Gentili sostuvo que el conflicto no debe resolverse de manera apriorística y que corresponde esperar el fin de la feria judicial de verano, en línea con el principio de que los casos deben decidirse según la situación existente al momento de la sentencia.
El fiscal advirtió que el conflicto entre ambos jueces “no puede ni debe” analizarse con un rigor formal excesivo y solicitó que, una vez finalizada la feria, se evalúe el envío completo de la causa o, en su defecto, una certificación amplia del estado del proceso, incluyendo la nómina de imputados, las medidas de prueba ordenadas y practicadas y eventuales conexidades con otras causas.
Mientras se define la competencia, Aguinsky avanza con la investigación. Para el martes próximo citó a un contador que firmó una certificación de origen de fondos lícitos utilizada para justificar la compra de un Porsche valuado en 500 millones de pesos, cuya autenticidad está bajo análisis, ya que el dinero habría salido de una cuenta bancaria que no contaba con ese monto al momento de la operación.
