La iniciativa se desarrollaría en una zona cuya jurisdicción es reclamada por ambas provincias, lo que generó un fuerte cruce político e institucional entre los gobiernos.
Un histórico conflicto por los límites entre San Juan y La Rioja volvió a cobrar fuerza en los últimos días, impulsado por el avance de un proyecto minero de cobre que prevé una inversión estimada en 18.000 millones de dólares. La iniciativa se desarrollaría en una zona cuya jurisdicción es reclamada por ambas provincias, lo que generó un fuerte cruce político e institucional entre los gobiernos de Marcelo Orrego y Ricardo Quintela.
La controversia tiene origen en una modificación de los límites provinciales realizada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, a fines de la década de 1960. Desde La Rioja sostienen que esa decisión incorporó a San Juan un territorio que históricamente les pertenecía y consideran que nunca tuvo la legitimidad suficiente.
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El tema volvió a instalarse en la agenda luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara una ley que ratifica el rechazo de su provincia a los límites establecidos durante ese período. A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la norma permitirá avanzar en acciones para «traer equidad y justicia al pueblo riojano» y defender la soberanía territorial de la provincia.
La respuesta de San Juan no tardó en llegar. Días antes, la Legislatura provincial había aprobado la Ley de Desarrollo Local Minero, destinada a fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en los emprendimientos extractivos que se desarrollen dentro del territorio provincial.
Tras conocerse la decisión riojana, Orrego fue contundente. «Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley», expresó el gobernador, quien además convocó a todos los sectores políticos a defender el territorio provincial.
Las diferencias también se trasladaron a los funcionarios de ambas administraciones. El jefe de Asesores de San Juan, Rodolfo Colombo, calificó la iniciativa riojana como una «bravuconada» y sostuvo que carece de sustento jurídico, mientras que desde La Rioja, el asesor general de Gobierno, Pedro Goycochea, aseguró que el reclamo busca revisar decisiones adoptadas durante la dictadura y negó que exista una confrontación con el pueblo sanjuanino.
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El proyecto de cobre, considerado uno de los más importantes previstos para la Argentina por el volumen de inversión y el potencial económico que representa, volvió a poner en el centro de la escena una disputa territorial que permanecía latente desde hace décadas. De no alcanzarse un acuerdo político, el conflicto podría terminar siendo resuelto por el Congreso de la Nación o por la Corte Suprema de Justicia.
