El trabajo deja mal parado a los gobernadores que avanzaron sin un sustento sólido.
Por Roberto Pico
La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC), un órgano independiente que opera dentro del ámbito del Parlamento, publicó un informe técnico en el que detalló el impacto fiscal de leyes recientemente sancionadas. Este análisis, en el contexto de un debate entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, confirma que las leyes examinadas carecen de la financiación correspondiente.
El informe de la OPC indica que las leyes relativas al aumento de jubilaciones y pensiones, la reposición de la moratoria previsional, y la declaración de Emergencia en Discapacidad proyectan un costo fiscal estimado de 1,4 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) para el año en curso, sin la correspondiente partida de financiamiento requerida.
Detalle de Costos Fiscales
Jubilaciones y Pensiones
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El incremento del 7,2% en las jubilaciones representa un costo de $1.673.494 millones (0,2% del PIB) para el período restante del año y $3.402.182 millones (0,41% del PIB) si se anualiza.
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La suba del bono a $110.000 genera un costo de $1.015.676 millones (0,12% del PIB), con una estimación anualizada de $3.136.117 millones (0,38% del PIB).
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La ley incluye un mecanismo de anticipos mensuales destinados a compensar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Este componente representa un costo de $1.405.413 millones (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, anualizándose a $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
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La OPC ha calculado el impacto en el poder adquisitivo:
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Sin la nueva legislación, los haberes con bono experimentarían una pérdida del 1,1% de poder de compra, mientras que el resto mostraría una recomposición real del 3,6%.
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Con las nuevas disposiciones, el primer grupo registraría una mejora del 16% en su poder de compra, y el segundo un 11%.
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El financiamiento asignado en la ley sancionada para 2025 asciende a $3.284.606 millones (0,39% del PIB). Considerando que el costo estimado para este segmento de medidas es de $4,1 billones, se proyecta un desequilibrio de al menos $800.000 millones.
Moratoria Previsional
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La reinstauración de la moratoria previsional implica un costo fiscal estimado de $3,5 billones, equivalente al 0,39% del PIB.
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Este costo se compone de:
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Reintroducción del Plan de Pago de Deuda Previsional por dos años: costo fiscal acumulado de $1,8 billones (0,191% del PBI), por la inclusión de 462.000 nuevos beneficiarios.
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Modificación del acceso a la PUAM: costo de $1,7 billones (0,2% del PBI), por la incorporación de 363.000 nuevos beneficiarios, incluyendo:
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Mujeres de 60 a 64 años
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Beneficiarios de pensiones por viudez
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Veteranos de las Islas Malvinas
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Trabajadores registrados, autónomos y monotributistas con ingresos de hasta tres salarios mínimos
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Para esta ley, los proyectos no especifican una fuente de financiamiento.
Emergencia en Discapacidad
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La determinación del costo fiscal de esta ley presenta dificultades de estimación debido a la multiplicidad de variables.
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No obstante, el costo de las medidas cuantificables se proyecta entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI).
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Esta estimación incluye:
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Entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un costo calculado de $2 a $4 billones, según la reciente actualización de haberes.
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Incentivos a la contratación: exención del 50% de contribuciones patronales, con un costo de $12.600 millones (0,0015% del PBI).
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Compensación de emergencia a prestadores: $278.323 millones (0,03% del PBI).
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Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: $7.160 millones (0,0009% del PIB).
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El proyecto de ley aprobado incluye otras medidas cuyo impacto fiscal no puede ser estimado actualmente, como:
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Refuerzo de programas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
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Cobertura de salud pública para nuevos beneficiarios de PNC
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Nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles
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Por consiguiente, el costo fiscal total se considera una estimación mínima.
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Al igual que en la moratoria, no se identifican partidas complementarias de financiamiento específicas; en su lugar, se faculta al Poder Ejecutivo a reasignar fondos.
