La maniobra favoreció a 36 líneas, inclusive una que estaba cerrada.
Por presuntas irregularidades en los subsidios para gasoil a líneas de colectivos, el juez Claudio Bonadio procesó ayer al ex ministro de Planificación Julio De Vido y lo embargó por mil millones de pesos.
Según la investigación que maneja el magistrado, el Estado pagaba más de lo debido por considerar kilometrajes superiores a los reales, en lo que era una maniobra ilícita de las empresas para recibir más fondos. Se estima que el total alcanza los 610 millones de pesos.
«Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014», explica Bonadio en su resolución.
El caso más emblemático es el de la línea 129, que cuenta con ocho ramales desde Retiro a La Plata. Sus dirigentes declararon que en un año solía circular 171.837.344,50 kilómetros y el Estado le otorgó subsidios en base a ese cálculo. Lo sospechoso es que ese recorrido equivale a más de 20 mil viajes de Buenos Aires a Nueva York (hay 8500 kilómetros de distancia).
Pese al delito que cometían muchas líneas, los kilometrajes eran convalidados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. También llamó la atención el caso de la empresa «Transporte Interprovincial Rosarina S.A.», que según se comprobó, durante mayo de 2010 y noviembre de 2011 se le otorgaron cupos de gasoil a precio diferencial sin que prestara servicio alguno.
