El gasto se redujo desde 2023, pero el Estado todavía cubre una parte importante de las tarifas de luz, gas y colectivos.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno sostiene como uno de sus objetivos la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. Los datos muestran un fuerte recorte en términos reales desde el inicio de la gestión, aunque durante 2026 el gasto volvió a crecer y el Estado todavía cubre una parte importante del costo de estos servicios.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-Conicet), los subsidios acumulados durante los últimos 12 meses son 59% menores que en diciembre de 2023 y 73% inferiores al máximo registrado en junio de 2022.
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Medidos a precios constantes de agosto de 2026, el gasto pasó de $26,1 billones en 2023 a $10,6 billones en agosto de este año.
Otro cálculo, realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), arroja una reducción similar. Al comparar enero-agosto de 2023 con el mismo período de 2026, los subsidios a la energía cayeron 61,2% en términos reales, mientras que los destinados al transporte bajaron 40,1%. En conjunto, ambos rubros registraron una disminución real del 56,7%.
Aunque utilizan metodologías diferentes, las dos mediciones coinciden en un punto: el recorte real de los subsidios desde el comienzo de la actual gestión se ubica alrededor del 57% al 59%.
El gasto en subsidios volvió a crecer
La reducción acumulada no tuvo un comportamiento uniforme durante todo el período. El informe del IIEP correspondiente a agosto de 2026 señala que, durante los primeros ocho meses del año, el gasto en subsidios a la energía y el transporte aumentó 39% nominal y 6% real frente al mismo período de 2025. En total, el gasto alcanzó los $5,77 billones.
Los subsidios energéticos concentraron el 77% de ese monto y registraron un aumento real del 21%, principalmente por las transferencias destinadas a Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico.
El comportamiento del transporte fue diferente: el gasto cayó 24% en términos reales frente al mismo período de 2025 y, al 17 de agosto, no registraba nuevos devengamientos durante ese mes.
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Para el economista Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, parte de la explicación está en la forma en que se actualizan determinadas partidas del gasto público. Según planteó, cerca del 60% se ajusta en función de la inflación de los dos meses anteriores, mientras que el resto requiere decisiones presupuestarias.
En ese contexto, sostuvo que el aumento de los subsidios energéticos genera una mayor presión sobre otros gastos que no cuentan con ese mecanismo de actualización. Entre ellos ubicó a la obra pública.
De cara a 2027, Argañaraz consideró que los subsidios energéticos deberían registrar una reducción real para que el esquema fiscal sea sostenible.
Cuánto del costo de los servicios pagan los usuarios
Más allá del recorte acumulado, el Estado todavía cubre una parte significativa del costo de los servicios públicos. Según el IIEP, en agosto de 2026 los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagaron, en promedio, el 55% del costo de los servicios, mientras que el Estado afrontó el 45% restante.
El especialista en tarifas y subsidios Alejandro Einstoss detalló las diferencias entre cada servicio. En agosto, los usuarios residenciales cubrieron en promedio el 63% del costo de la electricidad y el 57% del gas natural. En transporte, la cobertura tarifaria fue del 35%, mientras que en agua llegó prácticamente al 100%.
La diferencia es mayor cuando se separan los hogares según reciban o no asistencia. En electricidad, los usuarios sin subsidio cubrieron aproximadamente el 100% del costo, mientras que aquellos alcanzados por el régimen subsidiado pagaron alrededor del 33%.
En gas natural, la cobertura llegó al 99% para quienes no reciben subsidios y al 25% para los hogares subsidiados.
El actual esquema fue establecido por el Decreto 943/2025, que eliminó la anterior segmentación entre los niveles N1, N2 y N3 y creó una única categoría de hogares vulnerables dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
A partir de ese sistema, la Secretaría de Energía establece periódicamente las bonificaciones. Para septiembre de 2026, la normativa fijó una bonificación extraordinaria del 24,25% para el gas natural y el propano por redes, mientras que para la electricidad residencial estableció una bonificación del 25% sobre un consumo base de 200 kWh mensuales.
El transporte mantiene una brecha mayor
El transporte presenta una diferencia más amplia entre el precio que abona el usuario y el costo del servicio.
El Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte por Automotor (Aaeta), calculó en julio de 2026 un costo real de $2.428,71 para el boleto sin subsidio en el AMBA. Según esa estimación, la cobertura tarifaria era de apenas 32,3%.
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El IIEP, con una metodología basada en el costo por pasajero transportado, ubicó en $2.082 la tarifa técnica sin subsidios para julio. En ese mismo cálculo, el costo reconocido oficialmente por el Estado nacional fue de $1.626.
La diferencia también se observa frente al precio que paga actualmente el pasajero. El boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires era de $743 según el relevamiento de agosto del IIEP.
Qué pasaría con las tarifas si se eliminan los subsidios
La distancia entre las tarifas actuales y los costos técnicos permite dimensionar el impacto que tendría una eventual eliminación total de los subsidios, aunque Einstoss advirtió que no es posible trasladar de manera automática esa diferencia a las facturas o boletos.
En electricidad, por ejemplo, la factura promedio de un hogar del AMBA con subsidio fue de $28.647 en agosto, mientras que un usuario sin bonificación pagó $58.280. La diferencia fue del 103%.
En gas, la factura promedio nacional con subsidio alcanzó los $57.994, frente a $90.359 para los usuarios sin subsidio, una brecha del 56%.
En transporte, la diferencia es mayor. Para alcanzar el costo técnico de $2.082 calculado por el IIEP, el boleto mínimo de $743 debería multiplicarse aproximadamente por 2,8. Si se toma como referencia el costo de $2.428,71 estimado por Aaeta, la relación asciende a 3,3 veces.
Sin embargo, Einstoss planteó que la reducción de los subsidios no necesariamente debería producirse únicamente mediante aumentos de tarifas. Entre las alternativas mencionó una reducción del costo de abastecimiento energético y una mayor focalización de la asistencia en los hogares que realmente la necesitan.
El especialista también señaló que la actualización de las tarifas constituye una restricción para un programa que busque reducir la inflación. Por ese motivo, no prevé aumentos tarifarios significativamente superiores a la inflación durante lo que resta de 2026, aunque la cobertura de costos podría mejorar por factores estacionales.
La discusión sobre el nivel de subsidios, de acuerdo con ese análisis, tendrá una importancia mayor durante 2027, cuando el Gobierno deberá definir cuánto de los costos de energía y transporte continuará financiando con recursos públicos.
La magnitud del gasto también puede observarse a través de la canasta de servicios públicos del IIEP. Sin subsidios, alcanzó los $289.622 en agosto, equivalente al 14,5% de un salario promedio registrado en el AMBA.
Desde diciembre de 2023, esa canasta aumentó 944%, frente a un incremento del 249% del índice de precios al consumidor en el mismo período.
