La funcionaria recibió un fuerte respaldo de Alberto Fernández en medio de la situación judicial que protagoniza por supuesta «administración fraudulenta y malversación de fondos públicos».
Victoria Donda comenzó el 2021 envuelta en una escandalosa situación que involucró a una ex trabajadora y una serie de audios en donde la exdiputada le habría ofrecido un puesto en el INADI, organismo que lidera, así como también el cobro de planes sociales. Tras esta situación, la funcionaria se expresó en redes sociales y dio a conocer su versión de los hechos.
Tras varios días de aparición pública, decidió llamarse a silencio en medio de su presentación de renuncia a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a partir de que la denuncia de Arminda Banda Oxa, quien se desempeñaba como su empleada doméstica, había concurrido a la justicia y se la había imputado.
En la presentación judicial, en la que se reclama una indemnización y la falta de pagos regulares de servicios, se la acuso a Victoria Donda como presunta «administración fraudulenta y malversación de fondos públicos». Sin embargo, la causa no ha avanzado hasta la fecha y en las últimas horas desde el Ejecutivo la funcionaria kirchnerista recibió un fuerte respaldo.
A través del Decreto 22/2021 del Boletín Oficial del 18 de enero, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo, se la ratificó como titular del INADI por un período de seis meses.
«Dase por prorrogada, a partir del 7 de diciembre de 2020, por un plazo de ciento ochenta (180) días, la designación de la doctora Victoria Analía Donda Pérez como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos», reza el mismo.
Además, no fue la única medida impuesta sino que en el mismo se prorroga «por un plazo de ciento ochenta (180) días la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispuesta por el Decreto Nº 756 del 10 de junio de 2011 y prorrogada en último término por el Decreto Nº 587 del 8 de julio de 2020″.
