Reforma Laboral: cuál es la contundente medida que tomará la CGT en contra del proyecto oficial

La central obrera decidió poner en marcha su «plan de lucha» en rechazo a la iniciativa del Gobierno.


La CGT volverá a salir a la calle para manifestarse contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El próximo miércoles, desde el mediodía, la central obrera se movilizará frente al Congreso en coincidencia con el inicio del debate del proyecto en el Senado.

La decisión fue tomada este mediodía por el Consejo Directivo cegetista, que se reunió en la histórica sede de Azopardo 802. Allí se dio una discusión interna intensa: mientras el triunvirato propuso una movilización sin paro, distintos sectores plantearon medidas de fuerza para garantizar una mayor concurrencia. Los gremios del transporte nucleados en la CATT impulsaron un paro de 12 horas y Sebastián Maturano, de La Fraternidad, llegó a proponer una huelga de 48 horas.

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En esa línea, Sergio Palazzo, secretario general de los bancarios, reclamó que la CGT avalara un cese de actividades para facilitar la participación de los trabajadores y que la movilización del miércoles fuera anunciada como el inicio de un plan de lucha progresivo. Sin embargo, esas mociones no lograron el respaldo necesario.

Finalmente, se resolvió avanzar con la protesta frente al Congreso sin convocar a un paro general. De todos modos, cada sindicato quedó habilitado a disponer ceses de actividades parciales para permitir que los afiliados puedan concurrir a la concentración.

Tensiones internas y críticas políticas

Del encuentro participaron los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (vidrio), junto a referentes como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Osvaldo Lobato (UOM), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Palazzo (bancarios), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Horacio Calculli (aeronavegantes), entre otros.

Las propuestas de paro no prosperaron en una conducción donde predomina el sector dialoguista, que continúa negociando con el Ejecutivo para introducir modificaciones al texto de la reforma. En ese marco, los dirigentes expresaron fuertes críticas tanto al Gobierno como a los gobernadores, a quienes acusaron —con excepciones puntuales dentro del PJ— de evitar reuniones en las provincias y de alinearse con la Casa Rosada para aprobar la iniciativa.

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Pese a ese malestar, en la CGT dan casi por hecho que la reforma terminará siendo sancionada. Por eso, los esfuerzos actuales están puestos en lograr cambios puntuales durante el debate parlamentario, especialmente en aquellos artículos que afectan el financiamiento sindical.

Los cambios que se negocian y los que no

Según las versiones que circulan en los despachos oficiales, el Gobierno estaría dispuesto a introducir ajustes orientados principalmente a asegurar el respaldo de los gobernadores. En ese esquema, a la CGT solo se le concederían alivios parciales vinculados a la llamada “caja sindical”.

La nueva redacción del proyecto contemplaría postergar la baja de alícuotas de impuestos —como Ganancias para grandes empresas— para evitar un impacto inmediato sobre los recursos coparticipables de las provincias. La medida buscaría desactivar la resistencia de los mandatarios provinciales ante una pérdida estimada en alrededor de $1 billón.

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En paralelo, el Ejecutivo aceptaría dos reclamos centrales de la CGT: mantener las cuotas solidarias que financian a los sindicatos y eliminar el artículo 161, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales. Según estimaciones oficiales, esa rebaja implicaría una pérdida anual de entre 679 y 700 millones de dólares, cerca del 0,1% del PBI, lo que los gremios consideran un desfinanciamiento directo del sistema de salud sindical.

Sin embargo, permanecerían sin cambios otros puntos cuestionados por la central obrera, como los artículos que regulan el derecho de huelga en servicios esenciales, la prioridad de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y las restricciones a las asambleas.

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