El oficialismo logró acelerar otra de las modificaciones legislativas pensadas para alentar las inversiones y fomentar la productividad.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la reforma de la Ley de Glaciares (Ley N.º 27.804), aprobada por el Congreso el pasado 8 de abril, introduciendo modificaciones en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece cambios en los criterios de preservación de estas áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce.
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Entre los principales puntos, la norma otorga a las provincias mayor autonomía para definir qué glaciares y zonas periglaciares serán protegidos, en función de criterios propios. Hasta ahora, la legislación contemplaba un enfoque más uniforme a nivel nacional.
Asimismo, la reforma introduce un criterio de protección basado en la “función hídrica comprobada o relevante”. De este modo, solo aquellas geoformas que cumplan con esa condición quedarán bajo resguardo estricto, mientras que otras áreas podrán ser evaluadas para el desarrollo de actividades productivas.
Otro cambio significativo es la eliminación del esquema de prohibiciones generales. En su lugar, se implementa un sistema de evaluación de impacto ambiental caso por caso, que quedará bajo la órbita de las autoridades provinciales.
En cuanto al rol técnico, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales pasará a cumplir una función principalmente consultiva. Su inventario nacional continuará siendo de referencia obligatoria, aunque sin carácter vinculante para las jurisdicciones.
Durante el tratamiento legislativo, la iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados.
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Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la reforma busca “ordenar el marco normativo” y fortalecer el federalismo ambiental, al tiempo que permite compatibilizar la protección de los recursos naturales con el desarrollo económico. En contraste, sectores ambientales y especialistas expresaron cuestionamientos por el alcance de los cambios y su posible impacto en áreas sensibles.
