Una auditoría de la Secretaría de Transporte analizó millones de viajes y detectó “desvíos operativos” en gran parte del sistema. Hay más de $7.000 millones retenidos.
Una investigación oficial puso bajo la lupa a 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional y reveló irregularidades en la aplicación de las tarifas, aunque el Gobierno descartó, por el momento, la existencia de una maniobra sistemática de fraude contra el Estado.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la auditoría, realizada por la Secretaría de Transporte, se inició tras una denuncia contra el Grupo Metropol, uno de los principales operadores del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, la investigación se amplió posteriormente a buena parte del sistema.
El resultado fue contundente: no se encontraron pruebas de una estafa ni de manipulaciones informáticas, pero sí se detectaron los denominados “desvíos operativos”, es decir, cobros de tarifas que en algunos casos estuvieron por encima y en otros por debajo de lo que correspondía según el trayecto realizado por los pasajeros.
La investigación alcanzó a 104 líneas de colectivos
Según los datos analizados por las autoridades, el universo de estudio incluyó aproximadamente 183 millones de transacciones realizadas dentro del sistema de transporte público. La investigación concluyó que no existieron patrones que permitieran determinar una manipulación sistemática de las tarifas ni alteraciones externas del sistema SUBE.
Sin embargo, el relevamiento detectó diferencias entre el recorrido real de los pasajeros y las tarifas cobradas. Del total de operaciones analizadas, el 6,99% correspondió a cobros superiores a los que hubieran correspondido según el origen y destino declarado del viaje.
El fenómeno no se concentró únicamente en las empresas que habían sido denunciadas inicialmente. Por el contrario, las irregularidades aparecieron, con diferentes niveles de intensidad, en distintas compañías del sistema.
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De acuerdo con la auditoría, 93 líneas registraron un correcto uso del sistema de seccionamiento tarifario en más del 70% de los casos observados.
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Qué pasó con Grupo Metropol y la denuncia por fraude
La investigación comenzó a partir de acusaciones realizadas por cámaras empresariales contra Grupo Metropol. La denuncia apuntaba a un supuesto perjuicio al Estado por el cobro de pasajes con tarifas superiores a las correspondientes, lo que podría haber generado un incremento indebido en el pago de subsidios. Las acusaciones hablaban de una presunta estafa cercana a los $30.000 millones.
No obstante, tras ampliar la investigación y analizar el funcionamiento del sistema, la Secretaría de Transporte concluyó que no había elementos suficientes para determinar la existencia de una defraudación al Estado nacional.
El informe oficial tampoco encontró pruebas de manipulaciones informáticas, alteraciones del sistema SUBE o mecanismos fraudulentos que hubieran provocado un perjuicio patrimonial comprobable para las arcas públicas.
La auditoría permitió establecer que los problemas detectados no eran exclusivos de una compañía, sino que formaban parte de situaciones operativas presentes en distintas líneas del sistema de transporte.
Más de 12.000 controles y desvíos en las tarifas
Como parte de la investigación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles directos sobre los servicios urbanos de jurisdicción nacional en el AMBA.
El operativo incluyó el relevamiento de más de 1.000 servicios y más de 12.000 controles tarifarios.
Los resultados permitieron confirmar la existencia de diferencias entre las tarifas cobradas y las que correspondían según los recorridos realizados.
Los llamados “desvíos operativos” se produjeron tanto por exceso como por debajo del valor correcto del boleto.
La situación llevó al Gobierno a profundizar los mecanismos de control sobre el sistema de colectivos para detectar posibles inconsistencias entre los viajes efectivamente realizados y los datos informados por las empresas.
Nuevos sistemas de control para las líneas de colectivos
Tras los resultados de la auditoría, la Secretaría de Transporte implementó nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización.
Una de ellas es la plataforma UrbanTrips, que permite comparar de manera constante los desplazamientos reales de los pasajeros con la información tarifaria registrada por las empresas.
El objetivo es detectar automáticamente posibles diferencias entre los recorridos y los montos cobrados.
También se puso en marcha el sistema S.I.G.O., una herramienta que reemplaza y moderniza los mecanismos de control implementados años atrás. Este sistema permite planificar, gestionar y auditar de manera automática los recorridos y las frecuencias de las distintas líneas de colectivos.
La intención oficial es contar con un seguimiento más preciso del funcionamiento del transporte público y evitar que las inconsistencias operativas vuelvan a generar disputas por el pago de subsidios.
La batalla por más de $7.000 millones en subsidios
Aunque la investigación oficial descartó la existencia de una estafa, el conflicto económico todavía continúa. En el marco de la causa, el Gobierno había dispuesto inicialmente un embargo de $8.031 millones correspondientes a subsidios del período comprendido entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Actualmente, el monto que continúa en discusión asciende a $7.079 millones. Se trata de fondos vinculados a líneas de colectivos de jurisdicción nacional que todavía esperan una definición sobre los reintegros retenidos.
En cambio, los montos correspondientes a empresas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires fueron liberados luego de que no se encontraran pruebas de cobros indebidos que justificaran mantener retenidos esos recursos.
Qué puede pasar ahora con las líneas investigadas
El futuro de los más de $7.000 millones retenidos dependerá ahora de la evolución de la causa judicial iniciada tras las denuncias contra el Grupo Metropol. Desde las empresas aseguran que todavía no cuentan con certezas sobre cuándo se resolverá la situación y esperan una definición sobre el pago de los subsidios.
Por su parte, el Gobierno busca que sea la Justicia la que determine los plazos y las condiciones para avanzar con la resolución del conflicto.
Mientras tanto, la investigación dejó una conclusión central: aunque no se comprobó una maniobra fraudulenta contra el Estado, el análisis de millones de viajes evidenció problemas operativos en buena parte del sistema de colectivos.
La implementación de nuevos controles tecnológicos será ahora clave para evitar errores en la aplicación de las tarifas y garantizar una mayor transparencia en la distribución de los subsidios destinados al transporte público.
Fuente: Clarín
