El presidente de la AFA lo denunció por una presunta maniobra extorsiva relacionada con la instalación de cámaras en los accesos de la CEAMSE.
La Justicia le prohibió salir del país al empresario Leandro Camani, imputado en una causa por presuntas maniobras de extorsión que tiene entre sus denunciantes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida fue dispuesta el martes por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N.º 7, quien consideró que existe riesgo de que el empresario interfiera en el desarrollo de la investigación o intente eludir el accionar judicial.

Camani es dueño de la empresa Secutrans y está vinculado al negocio de las fotomultas. Según los fundamentos de la resolución, su posición de poder y sus recursos económicos podrían permitirle ejercer presión sobre testigos y otras personas involucradas en el expediente.
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Por qué denunciaron por extorsión al empresario Leandro Camani
La causa tomó relevancia pública a partir de la denuncia presentada por Tapia, quien aseguró haber sido víctima de una maniobra extorsiva. Según su presentación judicial, Camani, el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso habrían participado de una operación en su contra.
El conflicto, de acuerdo con la versión del titular de la AFA, comenzó cuando se negó a autorizar la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en distintos puntos y accesos administrados por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que también preside.
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Tapia sostuvo que tampoco aceptó reemplazar equipos que ya estaban en funcionamiento. A partir de esa negativa, habría recibido presiones y advertencias relacionadas con la posibilidad de que se impulsaran denuncias judiciales en su contra.
En ese contexto, vinculó las presentaciones relacionadas con la mansión de Villa Rosa, en Pilar, con la presunta maniobra extorsiva. En su denuncia, señaló a Camani como el supuesto organizador y beneficiario económico de la operación.
La sospecha de presión sobre testigos en la causa
Uno de los elementos considerados por el juez Saettone para disponer la prohibición de salida del país fue un episodio ocurrido en los tribunales después de la declaración testimonial de Enzo Ferrari, gerente del Camino Parque Buen Ayre.
El testigo había declarado el 27 de octubre y aportado documentación relevante para la investigación. Según denunció la querella, el abogado de Camani, Horacio Henricot, se reunió con Ferrari en un café ubicado en la planta baja del edificio donde funciona la Fiscalía, inmediatamente después de su presentación.
El encuentro fue posteriormente reconocido por el propio letrado y quedó incorporado a los elementos considerados en el expediente.
Para el magistrado, este episodio refuerza la preocupación por una posible interferencia en la investigación, especialmente ante la capacidad del empresario para influir sobre quienes deben prestar declaración.
Cómo avanza la investigación contra Camani
Además de Camani, la causa involucra a Matías Yofe y a otras personas. La hipótesis de la fiscalía apunta a la posible existencia de una estructura organizada para promover denuncias judiciales, conseguir testimonios y amplificar acusaciones mediante presiones y exposición pública.
El 5 de febrero de 2026, el juez Saettone aceptó a Claudio Tapia como particular damnificado en el expediente. Esta condición le permitió intervenir formalmente en el proceso, acceder a las actuaciones y proponer medidas de prueba a través de su abogado, Gregorio Dalbón.
Posteriormente, en marzo de 2026, la fiscalía imputó formalmente a Camani por el delito de extorsión agravada.
La investigación continúa con el análisis de teléfonos celulares y transferencias de dinero, mientras la Justicia busca determinar el alcance de las presuntas maniobras y la participación de cada uno de los involucrados.
