La administración de Milei podría adjudicar siete compañías públicas antes de fin de año por una millonaria cifra.
El Gobierno nacional intensificó en las últimas semanas el proceso de privatizaciones y concesiones contemplado en la Ley Bases. Con siete empresas públicas en distintas fases de licitación y otros proyectos en preparación, la administración de Javier Milei aspira a recaudar entre USD 2.000 y USD 3.000 millones adicionales antes de fin de año, según informó el viceministro de Economía, José Luis Daza.
Desde el inicio de la gestión, el Estado obtuvo USD 1.081 millones por la venta y transferencia de activos públicos, principalmente en los sectores energético y metalúrgico. Entre las operaciones concretadas figuran la venta de IMPSA, la adjudicación de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue y la transferencia del paquete accionario de Citelec, controlante de Transener. Gran parte de esos fondos fue destinada al pago de compromisos con acreedores y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La hoja de ruta oficial contempla actualmente ocho procesos activos en simultáneo, además de una iniciativa de asociación estratégica vinculada al sector de defensa.
AySA, Intercargo y Belgrano Cargas encabezan los procesos
Uno de los expedientes más avanzados es el de AySA, cuya privatización prevé la venta del 90% de las acciones estatales, mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores mediante un Programa de Propiedad Participada.
La apertura de ofertas está prevista para el 27 de agosto y el esquema contempla que un operador estratégico adquiera al menos el 51% de la compañía, mientras que el resto se colocará en el mercado de capitales. El Gobierno calcula que la operación podría aportar alrededor de USD 500 millones.
En paralelo, la licitación de Intercargo, encargada de los servicios de rampa en aeropuertos, sufrió varias postergaciones. La apertura de sobres fue reprogramada para el 25 de junio. El precio base fijado para la venta total de la empresa es de USD 45,1 millones.
Entre los interesados aparecen el empresario Horacio Paolini, el Grupo GPS y la firma francesa Alyzia, una de las principales operadoras aeroportuarias de Francia.
Por su parte, la privatización de Belgrano Cargas atraviesa la etapa final de revisión. El modelo diseñado por el Ejecutivo propone dividir la operación entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con licitaciones separadas para infraestructura, operación ferroviaria y talleres.
Además, el Gobierno ya oficializó la venta del material rodante de Trenes Argentinos Cargas. Según estimaciones oficiales, la comercialización de locomotoras y vagones podría generar entre USD 400 y USD 500 millones, recursos que serían destinados a financiar obras ferroviarias.
Energía, rutas y la Hidrovía
Otra de las empresas incluidas en el programa es Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que se encuentra en una fase preparatoria antes de avanzar hacia su privatización.
También figuran en la agenda Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y SOFSA, aunque todavía sin fechas definidas para el inicio formal de los procesos.
En el sector energético continuará la reorganización de Enarsa, que contempla nuevas concesiones de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y del sistema de transporte de gas. La venta de Citelec, concretada recientemente, representó un ingreso de USD 356 millones para el Estado.
A la vez, avanzan las concesiones de infraestructura. Corredores Viales ya comenzó el proceso de adjudicación de distintos tramos de rutas nacionales bajo el esquema de peaje sin subsidios estatales.
En tanto, esta semana se definió la concesión de la Hidrovía, la principal vía de salida del comercio exterior argentino. El contrato fue adjudicado al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por un plazo de 25 años e incluye obras de modernización y profundización del corredor fluvial, además de una reducción estimada del 13,5% en los costos logísticos.
Un caso diferente es el de Fabricaciones Militares, ya que la empresa no está incluida entre las compañías sujetas a privatización. En lugar de venderla, el Gobierno buscará incorporar socios privados mediante un concurso nacional e internacional orientado a sumar tecnología y capital para distintas áreas productivas vinculadas a la defensa, los químicos, los fertilizantes y la fabricación de municiones.
