Las modificaciones en el marco regulatorio se dan en medio del avance del Ejecutivo sobre la venta de acciones al capital privado.
En una decisión que marca un giro histórico en la política de servicios públicos, el Gobierno nacional autorizó a AySA a interrumpir el suministro de agua potable por falta de pago, como parte del proceso de privatización de la empresa estatal. La medida fue oficializada mediante el Decreto 493/2025, publicado en el Boletín Oficial, y representa el primer aval a cortes por mora en casi dos décadas.
El decreto modifica más de 100 artículos del régimen legal vigente y habilita la incorporación de capital privado en AySA. El 90% del capital accionario queda en manos del Ministerio de Economía, que podrá enajenar su participación total o parcial, mientras que el 10% restante pertenece a empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Además de permitir los cortes por falta de pago, el nuevo marco otorga a AySA amplias facultades para auditar obras, constituir garantías financieras con ingresos de la concesión y aplicar ajustes tarifarios trimestrales vinculados a inflación y obras futuras.
Se crea el Plan Director de Mejora Estratégica, elaborado por la Agencia de Planificación (APLA), que servirá como guía técnica para la expansión del servicio. También se establece un régimen de cooperación entre APLA y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para supervisar la gestión de la futura concesionaria
El Gobierno argumenta que la estructura actual de AySA “resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, en un contexto de “profunda crisis económica” que impide al Estado seguir subsidiando el sistema.
La autorización para cortar el servicio por mora genera preocupación entre organizaciones sociales y usuarios, que advierten sobre el riesgo de exclusión en zonas vulnerables. Desde el Ejecutivo aseguran que se aplicará un régimen de transición de cinco años para evitar desajustes y garantizar la continuidad del servicio.
