Universidades, discapacidad y transporte, en el centro de los reclamos.
A menos de 20 días de que finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso, las negociaciones por el Presupuesto 2027 avanzan sin definiciones concretas. El oficialismo mantiene conversaciones con los bloques aliados y dialoguistas, mientras crecen los reclamos de legisladores y gobernadores por partidas y recursos que consideran necesarios para sus provincias.
En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá el próximo jueves a los referentes de esos espacios para comunicarles si el Gobierno está dispuesto a aceptar los planteos realizados durante las últimas semanas. La reunión será clave para conocer si existe margen para avanzar con el proyecto y llevarlo al recinto el miércoles 25.
Desde el bloque libertario reconocen que el encuentro permitirá conocer la posición definitiva del oficialismo. Mientras tanto, en el PRO consideran que el Gobierno podría aceptar gran parte de los pedidos, aunque todavía mantienen diferencias por la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, otros sectores parlamentarios manifiestan preocupación por la falta de respuestas. Algunos diputados de bloques provinciales incluso sospechan que el Ejecutivo podría optar por prorrogar nuevamente el Presupuesto vigente, una alternativa que le permitiría administrar los recursos sin aprobar una nueva ley. Javier Milei ya recurrió a esa herramienta durante sus dos primeros años de gestión.
Universidades, discapacidad y transporte, en el centro de los reclamos
Entre los principales planteos que llegaron al oficialismo se encuentra el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla una partida de $7 billones, mientras que los rectores reclaman un piso de $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
También existe preocupación por los recursos destinados al área de Discapacidad. Los bloques dialoguistas buscan garantías de que el Gobierno no avanzará con los recortes contemplados en la primera versión del proyecto, luego de que Diputados otorgara media sanción a una reforma vinculada con ese sector.
Otro foco de tensión está relacionado con los subsidios al transporte. Los gobernadores aliados cuestionaron la decisión de la Secretaría de Transporte de ampliar la asistencia a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de evitar aumentos en las tarifas.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó esa medida y sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial de restricción del gasto y las decisiones adoptadas para el transporte del área metropolitana.
En la misma línea, el mandatario cordobés Martín Llaryora criticó el trato diferencial entre el AMBA y las provincias del interior. Los gobernadores reclaman, además, una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, en medio de cuestionamientos por la asignación de los fondos recaudados, que tienen entre sus destinos específicos el mantenimiento de las rutas nacionales.
Una eventual baja del tributo, consideran desde las provincias, permitiría reducir costos y contribuir a contener los aumentos en los boletos del transporte público.
Los otros puntos que buscan modificar
La lista de planteos también incluye cambios en el régimen de asignaciones familiares. Los legisladores reclaman eliminar los artículos del proyecto que derogan la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Este último sistema alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios del régimen formal.
Con estos reclamos todavía pendientes, el oficialismo enfrenta una negociación contrarreloj para conseguir los respaldos necesarios. La reunión convocada por Martín Menem será determinante para conocer si el Gobierno acepta modificar el proyecto o si las diferencias parlamentarias terminan complicando su tratamiento antes del cierre de las sesiones ordinarias.
