La causa busca determinar si hubo delitos en torno al crédito acordado en 2018.
La causa judicial por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri sumó este lunes una nueva instancia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, pidió una prórroga de cinco días hábiles para estudiar el expediente y definir si mantiene la impugnación contra el archivo de la investigación.
El pedido fue presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El tribunal tiene bajo análisis una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal luego de que fuera rechazado un recurso que buscaba cuestionar el cierre de la causa.
La decisión que deberá tomar el fiscal
Pleé todavía no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Según explicó, necesita más tiempo para analizar las actuaciones debido al volumen del expediente y al cúmulo de trabajo de la dependencia que encabeza. Una vez vencida la prórroga, deberá presentar un dictamen en el que definirá si sostiene la impugnación impulsada por sus colegas del Ministerio Público.
La investigación comenzó en 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by firmado con el FMI en 2018 se habían cometido delitos contra la administración pública. El programa contemplaba inicialmente USD 50.000 millones y posteriormente fue ampliado hasta alcanzar los USD 57.100 millones.
La pesquisa alcanzó al expresidente Mauricio Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo —quien era secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central— y a Federico Sturzenegger, entonces titular de esa entidad. Entre otros aspectos, se investigó la falta de un decreto presidencial específico, la intervención del jefe de Gabinete y la ausencia de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos.
En febrero, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había dispuesto el archivo de la causa. Consideró que los hechos investigados no configuraban los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También sostuvo que los memorandos firmados con el organismo internacional tenían carácter técnico y no establecían un destino obligatorio y específico para los fondos.
El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y cuestionó que la investigación se cerrara sin completar medidas destinadas a reconstruir la trazabilidad del dinero y establecer el recorrido de las divisas provenientes del crédito. A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el archivo.
El fiscal general José Luis Agüero Iturbe intentó llevar el caso a Casación, pero su recurso fue declarado inadmisible. Por ese motivo presentó una queja ante la Sala IV, que ahora debe determinar si habilita la revisión. Antes de resolver, los camaristas solicitaron la opinión de Pleé. Su dictamen, una vez analizado el expediente, será uno de los elementos que tendrá en cuenta el tribunal para definir si la causa continúa cerrada o vuelve a ser revisada.
