La isla caribeña se encuentra en una crisis financiera terminal que culminó con la decisión de pedir la quiebra.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló hizo el anuncio hoy sobre el pedido de quiebra al finalizar la moratoria que impedía a los acreedores reclamar en los tribunales el pago de la deuda.
En conferencia de prensa, el gobernador indicó que la petición tiene «el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores».
«Tras amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones, por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico», dijo Roselló.
«Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)», explicó el gobernador.
«No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño», concluyó.