El Gobierno avanzó con decenas de designaciones aprobadas por el Senado, aunque dejó sin efecto cuatro nombramientos.
El Gobierno nacional oficializó este jueves 47 nuevas designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Según pudo saber Notas de Actualidad, los pliegos habían sido aprobados por el Senado a comienzos de mes y forman parte de una estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para cubrir vacantes en distintos tribunales federales del país.
Con estas incorporaciones, el Presidente ya concretó la designación de 70 de los 74 candidatos que habían recibido acuerdo de la Cámara alta. Sin embargo, cuatro nombramientos continúan pendientes, entre ellos el de María Verónica Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.
La ONU insta al Reino Unido a retomar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas
El caso Michelli y la polémica política
La situación de Michelli había quedado bajo la lupa semanas atrás cuando, pese a contar con la aprobación del Senado, el Poder Ejecutivo decidió no avanzar con su designación.
La ONU insta al Reino Unido a retomar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas
La medida generó repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político. Diversos sectores interpretaron la decisión como una señal de la Casa Rosada, especialmente después de que dirigentes oficialistas vincularan la exclusión con cuestiones de carácter político y personal.
Sin embargo, con el paso de los días, el Gobierno comenzó a sostener otra explicación para justificar la demora.
La justificación del Ministerio de Justicia
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó que el cargo para el que fue propuesta Michelli corresponde a un tribunal que todavía no se encuentra habilitado para funcionar.
Por qué Esteban Bullrich presentó su renuncia al PRO y qué dijo de Adorni
Según explicó, antes de que el nombramiento pueda efectivizarse, el Consejo de la Magistratura debe avanzar en distintos procedimientos administrativos, como la asignación de un edificio, infraestructura, equipamiento tecnológico y personal.
«La designación se concretará cuando existan las condiciones necesarias para garantizar el servicio de justicia», señalaron desde el entorno del funcionario.
Los otros tres casos que siguen pendientes
La situación de Michelli no es la única. El Gobierno sostiene que existen otros tres pliegos aprobados por el Senado que tampoco fueron oficializados por la misma razón.
Se trata de Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa, ambos designados para el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, y de Ana María Cristina Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
Desde el Ministerio de Justicia remarcan que la decisión responde a criterios administrativos y no a evaluaciones personales sobre los candidatos.
Para respaldar su postura, el Gobierno menciona antecedentes de magistrados que obtuvieron acuerdo del Senado pero cuya designación quedó pendiente durante años.
Entre ellos figuran Martín Miguel Innocente, propuesto para un juzgado federal en Chaco; Zunilda Niremperger, también en esa provincia; y Luis Francisco Valencia, designado para una defensoría oficial en Salta.
Según la cartera judicial, estos casos demuestran que la aprobación del Senado habilita al Presidente a realizar el nombramiento, pero no lo obliga a firmarlo de manera inmediata.
Nuevos pliegos en camino
Mientras continúa la discusión por los nombramientos pendientes, el Gobierno envió al Senado 21 nuevos pliegos para cubrir vacantes en juzgados y fiscalías federales de distintas jurisdicciones.
Con esta nueva remisión, la gestión de Javier Milei acumula cerca de 170 propuestas de magistrados desde el inicio de su mandato, en una ofensiva destinada a acelerar la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial antes de posibles cambios en la composición política de la Cámara alta.
La situación de Michelli, sin embargo, continúa siendo uno de los casos más observados dentro del proceso de designaciones judiciales impulsado por el Ejecutivo.
