A poco del inicio de 2026, el gobierno enfrenta nuevos desafíos ligados más al tiempo que a la consistencia de la materia en cuestión.
Por Miguel Ángel Rouco
La premura de una reactivación económica choca de pleno contra una inflación indómita y con las carencias de suficientes divisas que permitan transitar sin sobresaltos los próximos meses.
El desastre económico propiciado por las gestiones del cuarteto Alberto Fernández–Cristina Fernández–Guzmán y Sergio Massa pone en jaque la viabilidad de lo logrado por la actual administración y desnuda los dislates del gobierno anterior.
A pesar de todo lo trabajado, la sociedad todavía está soportando los embates de la inflación debido al festival de emisión monetaria y de deuda producido en 2022 y 2023.
La pelea es la misma de siempre. Los sectores que se beneficiaron con la estampida inflacionaria y ajustaban sus costos vía precios hoy ven que son inviables, habida cuenta de sus propios problemas de estructura de costos.
Como consecuencia de esto, reclaman a los gritos una urgente vuelta a la emisión monetaria espuria o bien una devaluación que corrija sus propias distorsiones.
Ese escenario se diluyó y ahora enfrentan sus propias limitaciones y comienzan a desaparecer empresas que sobrevivieron sobre la pobreza de la población.
Mientras esto ocurre, surgen nuevos emprendimientos que se edifican sobre la base de una estructura de costos más sana y que buscan —aún con muchas dificultades— un lugar en el mercado.
La macroeconomía aún no está saneada. El daño ha sido enorme y las herramientas que tiene el gobierno son escasas debido a 25 años de disparates. Es una lucha desigual la que está librando el gobierno en varios frentes.
En el ámbito interno, la inflación sigue siendo un obstáculo. El enorme retraso tarifario en los servicios públicos producido por la demagogia peronista le genera una dinámica en la aceleración de precios, un combustible perfecto para los críticos. Pero dejar retrasar la recomposición tarifaria es postergar la resolución del problema.
La recomposición de reservas necesaria para cumplir con la carta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y asegurar el repago de los vencimientos de la deuda genera una emisión monetaria controlada, aunque no inocua, por el derrame hacia el sistema de precios, en momentos en que todavía no está recuperada la demanda de dinero.
Si bien el FMI mantuvo su hipótesis de crecimiento para este año para la Argentina en el 4% —una de las más altas de la región—, el objetivo parece ser demasiado auspicioso.
En este contexto, en el plano externo, dos factores parecen perturbar el clima en la Casa Rosada.
El primero, lograr que el balance de pagos arroje el mayor saldo favorable. A favor juega una balanza comercial que mostrará un superávit importante, como consecuencia de una muy buena campaña agrícola y una demanda creciente de los productos que vende la Argentina al mundo, ahora potenciado por el acuerdo Mercosur–Unión Europea.
También, los flujos de capital que llegarán de la mano de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales y de la minería.
Sin embargo, un factor perturbador está signado por los vencimientos de la deuda en los próximos dos años, que requieren hasta ahora que la Argentina pague con divisas, al no poder refinanciar sus obligaciones, debido a su aún elevado riesgo país.
Esta penalización financiera impide que la Argentina vuelva a los mercados internacionales, como consecuencia de su prontuario de defraudador serial, tras el populismo de no pagar las deudas.
Se necesita una verdadera disciplina fiscal espartana para poder volver a los mercados. De acuerdo con algunos analistas, si la Argentina logra consolidar el riesgo país entre 400/450 puntos básicos, el país podrá refinanciar sus obligaciones sin acudir al pago en efectivo de sus vencimientos.
Entre las urgencias y las reales necesidades, Milei enfrenta un 2026 mucho más complicado de lo imaginado, sin entrar en análisis del frente interno de reformas estructurales, de las cuales nos referiremos más adelante.
