El proyecto que enviaron al Congreso para quedarse con $ 1 billón puede caer por una cuestión legal.
Por Roberto Pico.
Las provincias piden más plata y el gobierno no quiere aflojar. Es más, asegura que reparte más que el año pasado y que los recursos que se distribuyen son suficientes para los gastos.
En un hecho poco frecuente, 23 de las 24 jurisdicciones –sólo Formosa esquiva la convocatoria– presentaron un proyecto de ley para tratar de arrebatarle $1 billón a la Casa Rosada, que reduciría el superávit fiscal del que alardea.
Sin embargo, detrás de las declaraciones desafiantes y las maniobras legislativas, surge la pregunta: ¿es este un conflicto genuino o un «chasqui boom», una pelea con poca sustancia real debido a detalles técnicos?
La reciente escalada en torno al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y la contrapropuesta de los gobernadores insinúa lo segundo.
Una nueva batalla se planteó cuando el Ministerio de Economía le envió al Congreso Nacional los primeros lineamientos para el Presupuesto 2026.
En este documento, el presidente Javier Milei le envió otro mensaje contundente a los gobernadores: «La plata que tienen este año les alcanza».
Este mensaje se disfrazó en un lenguaje técnico, señalando que el «Resultado Económico» de las provincias mostraría una mejora nominal del 28,8% con respecto a 2024, lo que «estaría asegurando que podrían afrontar sin inconvenientes sus gastos operativos y de funcionamiento». El detalle de esta declaración radica en que la mejora es «nominal», lo que implica que no está ajustada por inflación. En términos reales, esta supuesta mejora se transforma en una caída efectiva del poder adquisitivo provincial.
El «dardo» fue lanzado discretamente en la página 42 del informe, en un apartado dedicado a la relación con las provincias, reflejando el deterioro de la convivencia entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Milei también dejó claro que el ajuste continuará, indicando que las Transferencias de Capital (dinero para inversión en infraestructura pública) solo serán un 27,5% superiores a 2024, lo que representa una fuerte caída en términos reales.
Ante este panorama, los gobernadores avanzaron y presentaron dos leyes para el reparto de ATN no entregados y la eliminación y posterior redistribución de fideicomisos para obras.
Sin embargo, es aquí donde el concepto de «chasqui boom» cobra mayor relevancia. Voces expertas advierten que la iniciativa provincial puede tener trabas de entrada.
¿La razón? La cámara de origen de la ley fue la de Senadores y, al tratarse de una modificación impositiva, debería haberse presentado por Diputados.
Este detalle procesal crucial podría significar que, aunque la confrontación entre Milei y los gobernadores parece acalorada, la herramienta legislativa que los mandatarios intentan usar para presionar puede ser inviable desde su concepción, convirtiendo el enfrentamiento en gran parte en una disputa política más que en una verdadera batalla legislativa inmediata. ¿Error o jugada planificada?
¡Otro año sin presupuesto?
Más allá de esta «pelea» específica, el gobierno de Milei insiste en su decisión de diagramar un presupuesto basado en los recursos disponibles, en lugar de definir primero los gastos y luego buscar financiamiento, una estrategia que denomina «presupuesto base cero».
«Las distintas áreas de gobierno están elaborando sus previsiones presupuestarias con el objetivo de mejorar la asignación estratégica de los recursos», lo que servirá para establecer «límites o ‘techos presupuestarios’ en el marco de las metas fiscales y la recaudación global”, adelantó Economía. Este fue un punto de fricción en el frustrado proyecto de ley para el Presupuesto 2025.
Actualmente, el Poder Ejecutivo opera con una prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2023, lo que requiere actualizaciones periódicas para readecuar las partidas.
La presentación del proyecto final de la Ley de Leyes, que debe hacerse antes del 15 de septiembre, este año tiene la particularidad de coincidir con las elecciones de medio término y un cambio en la conformación del Congreso.
La estrategia del gobierno es una incógnita; si se respetan los tiempos, el proyecto iniciaría el trámite con la conformación actual, lo que podría generar una fuerte resistencia.
Por tanto, también existe una alta probabilidad de que la discusión quede «frizada» hasta diciembre, cuando cambie el esquema de fuerzas, aunque esto no asegura un tratamiento en tiempo y forma, lo que podría llevar a un nuevo período de sesiones extraordinarias o directamente a la apertura del 1° de marzo.
Este escenario plantea el riesgo de que Milei ejecute su tercer año de mandato sin un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.
En definitiva, mientras la tensión entre el gobierno central y las provincias es innegable y constante, la reciente escaramuza legislativa por los fondos, aunque ruidosa, podría ser más un «chasqui boom» político que una amenaza real de corto plazo, dada la probable invalidez procesal del proyecto de ley que los gobernadores impulsan. El verdadero desafío presupuestario y político parece radicar en la incierta aprobación del presupuesto por tercer año consecutivo, lo que aumentaría la discrecionalidad de la Casa Rosada.
