Desde el gobierno alientan la adhesión al nuevo régimen, pero aún faltan aprobaciones claves.
Por Roberto Pico
El Gobierno apuesta a que la Ley de Inocencia Fiscal le dé un colchón de financiamiento en dólares adicional para suplir, al menos parcialmente, un faltante de entre U$S 20.000 y U$S 25.000 millones en 2026.
El superávit comercial, estimado en unos U$S 12.000 millones, se consumiría entre pagos de deuda y satisfacer la demanda de los ahorristas. A su vez, los desembolsos previstos del FMI, más el neto con otros organismos multilaterales, no excederían los U$S 3.000 millones.
Por eso, desde el Gobierno intentan convencer a los argentinos de que es una buena idea sacar los “dólares del colchón” y llevarlos a los bancos, bajo el paraguas de esta ley que funciona como una especie de blanqueo permanente.
La renuncia de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), días antes de que se publicara la reglamentación de la norma, no es una buena señal para una sociedad que aún recuerda que en la Argentina supo sancionarse una “Ley de Intangibilidad de los Depósitos”.
En un posteo cuanto menos extraño, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó a quienes tienen ahorros no declarados a llevar su dinero a los bancos. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo y que haya mejores salarios. Además cobrarían un interés por sus dólares”, lanzó el ministro buscando ser convincente.
Pero el “ahora sí” del ministro esconde una trampa que puede ser la tumba de quienes confíen en él: la Ley de Inocencia Fiscal debe ser homologada por cada legislatura provincial para que efectivamente se despejen los riesgos a quienes se acojan.
En el Ministerio de Economía no dieron precisiones sobre esta situación, lo cual azuza la incertidumbre. Incluso hay profesionales que consideran que la ley no frena las atribuciones del temido SIRCREB, el sistema de cobro automático de Ingresos Brutos.
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Si bien existe cierta predisposición en las provincias a acompañar la norma, hasta que no se aprueben las adhesiones los riesgos siguen presentes. La mayor incertidumbre pasa por lo que ocurrirá con la provincia de Buenos Aires.
Desde el Gobierno bonaerense dieron varias señales de estar en contra de la ley, cuyo éxito fortalecería al Gobierno libertario y jugaría en contra de las aspiraciones del gobernador Axel Kicillof.
“Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos”, afirmó Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Y para poner más el dedo en la llaga, sostuvo que la ley construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran: “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”.
Sin el principal distrito del país sumándose a la ley, las chances de éxito pasan a ser relativas.
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El Gobierno amenazará a las provincias que no adhieran con cortarles el acceso a los registros de ARCA, con los que luego cada jurisdicción arma su estrategia impositiva y obtiene información sobre sus principales contribuyentes. Se trata de una herramienta poderosa para que las legislaturas se allanen a dar una rápida aprobación.
En las próximas semanas, todas las provincias estarán en pleno funcionamiento, lo que permitirá medir la predisposición de cada una. Hasta ese momento, seguirá existiendo un riesgo que puede frenar cualquier intención individual.
