El Consejo Superior sostuvo que la decisión del Gobierno de suspender la norma hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento «vulnera derechos constitucionalmente establecidos».
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para reclamar el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero cuya aplicación fue suspendida hasta que el Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En la resolución, la institución advirtió que el decreto presidencial “promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley”, lo que —según el texto— “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La universidad reclama la inmediata aplicación de la ley
El expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC instruye al rectorado a iniciar las acciones judiciales pertinentes con el fin de exigir “la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. Además, ordena comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes.
En su argumentación, el Consejo Superior sostuvo que la decisión del Ejecutivo “vulnera derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad”, al impedir el acceso al financiamiento y la recomposición salarial previstos en la norma.
“La no ejecución profundiza la crisis universitaria”
El órgano universitario recordó que la UBA declaró la emergencia salarial y presupuestaria y expresó su “profunda preocupación ante la grave situación que afecta a las universidades nacionales y al deterioro de los salarios docentes y nodocentes”. Según el documento, la ley aprobada por el Congreso tiene como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales”, además de recomponer los ingresos del personal.
En otro tramo, la resolución advierte que “la no aplicación arbitraria de la ley solo sigue profundizando esta crisis” y que su suspensión “constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Por eso, el Consejo Superior consideró “imprescindible” que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla de manera inmediata con la efectiva ejecución de la norma, asignando los recursos presupuestarios necesarios y respetando las obligaciones constitucionales vigentes.
La suspensión del decreto
El reclamo de la UBA se da luego de que el Gobierno promulgara la Ley 27.795, sobre financiamiento universitario, y la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica, pero suspendiera su aplicación mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo justificó la medida por el impacto fiscal que ambas normas generarían en las cuentas públicas, y estableció que su ejecución quedará pendiente hasta que el Congreso incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
El Consejo Superior, integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de profesores, graduados y estudiantes, sostuvo que el cumplimiento de la ley es “esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática” en la Argentina.
