Laura Alonso solicitará datos a Estados Unidos y Andorra por posibles irregularidades de los funcionarios del Gobierno.
La Oficina Anticorrupción informó que tomará medidas para investigar sin tanto el ministro de Finanzas Luis Caputo como el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan incurrieron a posibles irregularidades.
Caputo es señalado como ex accionista de un fondo de inversión no informado en su declaración jurada patrimonial. Mientras que Díaz Gillingan, ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra (BPA), un país que hasta el año pasado era considerado un paraíso fiscal, según publicó el diario español El País.
Por tal motivo, el organismo conducido por Laura Alonso solicitará a la SEC (Comisión de Mercados y Valores de EEUU), entre otras medidas de prueba, “la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder”, ya que hasta mediados de 2015 el ministro de Finanzas fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales, según reveló diario La Nación.
Caputo omitió declarar ante la OA que, entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015, fue accionista -de manera indirecta- de Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami.
Sin embargo, el funcionario negó esa participación accionaria: “Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la OA, tal como manifesté anteriormente. Aprovecho para reiterar que desde que en 2015 ingresé a la función pública cesé de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades”.
Por su parte, el organismo hará lo propio con la Unidad de Información Financiera y detalles sobre la cuenta a la Banca Privada d´Andorra (BPA) para proceder a la apertura de los anexos reservados de las declaraciones juradas que presentó el funcionario Díaz Gillingan.
Según reveló el diario El País, la cuenta, a nombre de la firma Line Action, de la que Díaz Gilligan fue director, “se abrió en 2012, cuando era asesor” del Gobierno de la Ciudad. “Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística”.
El subsecretario de Presidencia indicó que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo: el representante de futbolistas uruguayo Francisco «Paco» Casal.
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, aseguró.
