El juez Casanello determinó que no existió ningún delito en la compra de comida en el comienzo de la pandemia por parte de los funcionarios de Desarrollo Social ni de las empresas intervinientes.
Este martes salió la resolución del juez federal Sebastián Casanello donde se tomaron los argumentos del fiscal Guillermo Marijuan y se cerró la causa. Tanto para la fiscalía como para el juez, no hubo delito en la actuación de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social ni tampoco de las empresas que intervinieron.
El hecho se produjo cuando se encontraron irregularidades en la compra de alimentos por parte del ministerio con algunos productos con sobreprecio. El 20 de abril del año pasado, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó una denuncia para que se investiguen estos hechos.
El juez Casanello ordenó sobreseer a Arroyo junto a los otros 15 denunciados entre los que había funcionarios y empresarios. “De un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes”, concluyó en su dictamen el magistrado.
