La medida cautelar la dispuso el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, por un reclamo del frente gremial. No hubo reuniones con la administración de María Eugenia Vidal desde el 20 de abril.
La Justicia le ordenó al Gobierno de María Eugenia Vidal que convoque a los docentes a una nueva reunión paritaria. La medida fue dictada por el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata tras una presentación del Frente de Unidad Docente.
La última reunión paritaria convocada por la administración bonaerense fue el 20 de abril. En ese entonces, los gremios rechazaron la propuesta oficial, que fue de un 10% en el primer semestre con revisión en julio más $ 3.000 de presentismo también en los primeros seis meses.
Sin haber llegado a un acuerdo, el gobierno bonaerense comenzó a pagar un adelanto a cuenta a los docentes, que con el aumento del 2% que se paga con el sueldo de junio se llega a una recomposición del 10%.
Los gremios docentes fueron a la Justicia para exigir que el Gobierno vuelva a convocarlos, y anticiparon que para el lunes 30 de julio, al término de las vacaciones de invierno, podrán convocar a un paro.
El fallo ordena al Ministerio de Trabajo provincial que en un plazo de cinco días «proceda a la reapertura de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados docentes para el año en curso y convoque a las partes –Federación de Educadores Bonaerenses ‘Domingo Faustino Sarmiento’; Sindicato Argentino de Docentes Particulares; Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires; Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires y el Estado Provincial-, quienes deberán concurrir y negociar en un marco de buena fe, tal y como lo manda la norma contenida en el artículo 11 de la ley 13.552, para dar continuidad a la mesa de negociación salarial docente, bajo apercibimiento de disponerse la aplicación de sanciones conminatorias –las que serán graduadas oportunamente- en caso de incumplimiento».
«Al momento de tomar la presente decisión, el país se encuentra sumido en una situación de crisis económica cuyas consecuencias han de repercutir necesariamente –entre otros aspectos- en los salarios de los trabajadores», añadieron los jueces en su resolución.
