Un informe de la SIGEN reveló graves falencias en la actuación de los abogados internos que habrían actuado contra los intereses estatales.
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves irregularidades en la defensa judicial de Corredores Viales S.A., donde abogados de la empresa estatal intervinieron en juicios sin resguardar adecuadamente los intereses del Estado y, en algunos casos, cobraron honorarios que están prohibidos por la normativa vigente.
Según el informe, en tres causas judiciales los profesionales recibieron transferencias por un total de $66.227.732,57 provenientes de fondos públicos, dinero que fue depositado directamente en sus cuentas personales. Además, el organismo de control estimó que el perjuicio fiscal total en los procesos auditados supera los $4.664 millones.
La denuncia quedó en manos de la Justicia
Tras conocerse las irregularidades, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.
La auditoría analizó 23 causas judiciales activas al 31 de diciembre de 2024, que representan más de la mitad del monto total de litigios donde la empresa estatal figura como parte. En los cinco principales procesos ejecutivos revisados, el monto reclamado ronda los $2.500 millones.
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En uno de los casos, iniciado por la empresa ICF S.A., un reclamo de $590 millones terminó convertido en una liquidación judicial final de más de $1.206 millones.
Deficiencias en la defensa del Estado
El informe señala que la actuación de los abogados de Corredores Viales fue “inadecuada para la defensa de los intereses de la sociedad” en al menos cuatro procesos.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran:
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Allanamientos presentados sin autorización.
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Falta de oposición a reclamos judiciales.
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Omisión de invocar la inembargabilidad de fondos públicos, prevista por la ley.
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Ausencia de respuesta a liquidaciones presentadas por la contraparte.
Estas omisiones provocaron que los jueces impusieran las costas procesales a la empresa estatal, lo que incrementó el impacto económico para el Estado.
Transferencias a cuentas personales
La SIGEN también comprobó que, tras las condenas judiciales, algunos abogados empleados por la empresa solicitaron y habrían recibido honorarios regulados a su favor.
Entre las transferencias detectadas figuran pagos por:
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$25.462.774,63
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$6.713.368,29
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$14.134.860
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$7.439.400
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$12.527.329,65
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Estas percepciones, según el informe, contravienen normas que prohíben a los abogados del Estado cobrar honorarios del propio organismo al que representan.
Otras irregularidades detectadas
La auditoría también señaló:
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demoras de hasta 18 meses para iniciar reclamos de recupero de fondos,
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falta de comunicación de juicios a la Procuración del Tesoro,
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registros incompletos de procesos judiciales en el sistema informático de gestión.
Al cierre de 2024, Corredores Viales tenía 85 causas judiciales activas, con reclamos que superaban los $4.664 millones.
Intervención y proceso de privatización
Corredores Viales administra unos 6.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales y funciona como sociedad anónima estatal bajo la órbita del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad.
Tras los informes de la SIGEN, el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención de la empresa y avanzó en un proceso de privatización con el objetivo final de su disolución.
La compañía había sido creada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri para administrar corredores viales mediante el sistema de peajes. Sin embargo, distintos informes oficiales sostienen que con el tiempo se convirtió en una estructura costosa, con controles débiles y resultados deficitarios.
