El expediente, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, pone el foco en empresas vinculadas a Bettina Angeletti.
La investigación judicial que involucra al entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos avances tras una serie de medidas ordenadas por el juez Ariel Lijo, en el marco de una causa que busca determinar posibles irregularidades en contrataciones con el Estado.
El expediente, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, pone el foco en empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del funcionario, y su presunta relación con firmas proveedoras de servicios estatales.
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Según trascendió, entre las medidas dispuestas, Lijo solicitó a distintos organismos la remisión de expedientes administrativos vinculados a contrataciones de servicios tecnológicos, incluyendo herramientas de comunicación directa, envíos masivos de SMS, soporte técnico para plataformas de gestión como Jira y Confluence, y sistemas de correos transaccionales.
Además, el magistrado requirió documentación relacionada con la concesión de uso del predio de Tecnópolis, con el objetivo de analizar si existieron beneficios discrecionales en ese proceso.
En paralelo, la Inspección General de Justicia deberá remitir los legajos societarios de varias compañías —entre ellas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A.— para determinar eventuales vínculos directos o indirectos con Angeletti que pudieran configurar conflictos de interés.
Por otra parte, la Oficina Nacional de Contrataciones fue requerida para informar si firmas como DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. mantienen contratos vigentes con el Estado.
