Los obispos se reunirán esta semana para elegir sus autoridades y posiblemente definirán los trazos de una declaración para difundir días después de las elecciones haciendo foco en la necesidad de la búsqueda de consensos ante los grandes problemas.
Por Sergio Rubin para TN.
Después de un año y medio de restricciones sanitarias, el centenar de obispos de todo el país se verá la cara esta semana en la casa de ejercicios espirituales El Cenáculo, en Pilar, durante un plenario en el que deberán elegir sus autoridades para los próximos tres años. Si bien no se esperan grandes cambios en su conducción, el mayor atractivo político radica en si optarán por una posición más dura ante el Gobierno tras el crédito que merece todo nuevo gobierno y la excepcionalidad de una pandemia que obligó a postergar cuestionamientos.
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Es cierto que el primer año de la gestión de Alberto Fernández acabó con un fuerte roce con la Iglesia por la legalización del aborto que el presidente impulsó con energía, traducido en declaraciones criticas y la no asistencia de las principales autoridades eclesiásticas a actos gubernamentales. Pero en otros temas como la gestión de la pandemia, con su repercusión social y educativa, y episodios como el vacunatorio vip y la fiesta en la residencia de Olivos, los obispos se mantuvieron callados, salvo honrosas excepciones.
En la Iglesia coexisten dos posturas: una encarnada sobre todo por obispos y sacerdotes del gran Buenos Aires que prefieren evitar confrontar con la Casa Rosada. Y otra más aguerrida asumida principalmente por prelados y curas del interior. Habrá que ver de qué manera influye el disgusto del Papa con el presidente no solo por promover en plena pandemia la legalización del aborto, sino porque luego de unos primeros meses de gestión más consensual optó por un estilo confrontativo, en línea con Cristina Fernández.
Es cierto que la Iglesia no es partidaria de la confrontación por la confrontación misma, sino de alentar la búsqueda de acuerdos y propuestas de solución a los conflictos y problemas. Pero hay quienes creen en sus filas que llegó la hora de hablar con claridad ante la gravedad de la situación. Sin embargo, también existe un debate sobre la eficacia de los documentos. Hay obispos que creen que casi nadie los lee o que se olvidan fácilmente. Entre ellos se cuenta el platense Víctor Manuel Fernández.
No es fácil, además, que los obispos lleguen a consensos en la redacción de declaraciones en temas muy candentes, por caso, sobre el conflicto con los supuestos mapuches, que hasta ahora no posibilitó un pronunciamiento. Paradójicamente, la Iglesia hace décadas que se ocupa de la problemática de las comunidades originarias en el país. Por otra parte, no faltan obispos que, a nivel individual, temen ser duramente criticados por los periodistas en tiempos de grieta y posturas radicalizadas.
En cuanto a la elección de sus autoridades, nada indica que vaya a haber grandes cambios en los cargos eclesiásticos más relevantes. La reelección como presidente de la Conferencia Episcopal de monseñor Oscar Ojea parece estar asegurada luego de que a fines de setiembre el Papa le renovó la confianza al disponer que siga siendo obispo de San Isidro pese a haber cumplido el 15 de octubre 75 años, edad en la que los obispos deben elevar su renuncia al pontífice.
La única duda que hay se refiere a si el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández -muy cercano a Francisco-, accederá a una de las dos vicepresidencias ocupadas hasta ahora por los arzobispos de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, y de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo. También parecía segura la reelección del obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, como presidente de la estratégica comisión de Pastoral Social.
Más allá de debate sobre cómo plantarse ante la realidad y la conveniencia de emitir documentos, es verosímil que a lo largo de la semana los obispos (cerca de un centenar) definan los grandes trazos de una declaración para difundir días después de las elecciones, donde reiteren -como lo vienen haciendo desde la crisis de 2001- la necesidad de la búsqueda de consensos ante los grandes problemas, comenzando por la extendida pobreza.
Dos décadas después del colapso de principios de milenio parece existir en la dirigencia una mayor conciencia de avanzar en esos grandes acuerdos. En tal caso, ¿se avanzará en esta línea luego de estas elecciones o tras las presidenciales de 2023? ¿Puede darse el lujo el país de demorar los entendimientos básicos dos años? ¿Cuánta pobreza más resiste el tejido social? Algo es seguro: el hartazgo de la gente con los dirigentes.
