El fondo Burford Capital reclama una indemnización multimillonaria por supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá este martes si obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de la indemnización por el juicio internacional derivado de la expropiación de la petrolera en 2012. El fallo podría marcar un precedente histórico en materia de litigios entre Estados y empresas privadas.
La defensa argentina advirtió que la entrega de las acciones tendría “consecuencias irreparables”, tanto para la soberanía energética como para la estabilidad económica del país. El equipo jurídico del Estado sostiene que la transferencia de ese paquete accionario —actualmente en manos de la administración nacional— afectaría gravemente el control estratégico sobre la principal empresa hidrocarburífera del país.
El caso se originó tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. El fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de los accionistas minoritarios, reclama una indemnización multimillonaria por supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización.
La decisión de la Cámara será clave para definir si Argentina deberá entregar activos concretos como parte del resarcimiento, o si podrá limitar la compensación a pagos monetarios. El fallo se espera con atención tanto en Buenos Aires como en Wall Street, por su posible impacto en futuras inversiones extranjeras en el país.
