Los diferentes establecimientos le reclamaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se “incorporen parámetros de mayor razonabilidad”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) solicitaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés por la que se actualizan reclamos laborales.
Las entidades apuntaron a la tasa establecida por el acta Acta 2764/22 y reclamaron que se reemplace por una que “incorpore parámetros de mayor razonabilidad”, según señalaron en un comunicado de prensa.
“Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores”, indicaron en el parte conjunto.
A su vez, consideraron que “la aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo”.
Para estas tres entidades “la aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)”.
En esa línea enfatizaron que “la tasa establecida por el acta implica, indirectamente, una modificación de la LCT” porque “así se obtienen indemnizaciones mayores al mes por año, cambio que, necesariamente, requeriría de una la ley del Congreso de la Nación”.
