Además, habló sobre el reclamo ante la ONU, las presiones que sufrió durante el juicio y el futuro del decomiso de bienes.
El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, defendió la actuación de la Justicia durante el proceso y rechazó que la expresidenta se encuentre “proscripta”. En una entrevista, sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una consecuencia prevista por la ley luego de una condena penal.
“Cristina Fernández de Kirchner no está técnicamente proscripta. Está sufriendo las consecuencias derivadas por la comisión de un delito comprobado y previsto por la ley”, afirmó el magistrado.
Según pudo saber Notas de Actualidad, Gorini consideró que el juicio por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz respetó las garantías constitucionales y aseguró que las partes tuvieron la posibilidad de ejercer plenamente sus estrategias de defensa.
Gorini defendió el debido proceso en la causa Vialidad
Ante los cuestionamientos que recibió el proceso judicial, el juez sostuvo que el juicio contó con controles adicionales y recordó que durante las audiencias participaron veedores designados por el Colegio Público de la Abogacía.
Según explicó, los profesionales asistieron a la totalidad del debate y no formularon observaciones sobre el desarrollo de las audiencias.
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Para Gorini, el debido proceso exige la existencia de una acusación, la producción de pruebas, el ejercicio de la defensa y una sentencia. Además, remarcó que el fallo fue sometido a las distintas instancias de revisión previstas por la legislación argentina.
El magistrado cuestionó también a quienes sostienen que durante el juicio se vulneraron garantías constitucionales sin haber presenciado las audiencias. “Probablemente tampoco hayan leído el expediente”, señaló al referirse a algunas de las críticas que recibió el tribunal.
Qué dijo sobre la supuesta proscripción de Cristina Kirchner
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación política y judicial de Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Gorini rechazó que esa situación pueda ser definida como una proscripción política. “Las consecuencias inherentes a la comisión de un delito comprobado. No es proscripción”, sostuvo.
El juez también explicó que la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos está contemplada en el Código Penal argentino y afirmó que no fue una decisión creada específicamente para la expresidenta.
En ese sentido, consideró que cualquier cuestionamiento sobre la constitucionalidad de esa pena debía haberse planteado dentro del expediente judicial y ante los tribunales superiores.
El reclamo de Cristina Kirchner ante la ONU
Consultado sobre el reclamo presentado por la defensa de la exmandataria ante organismos internacionales, Gorini evitó asegurar que el planteo vaya a ser rechazado, aunque advirtió sobre lo que considera “serios defectos de procedencia y admisibilidad”.
El magistrado sostuvo que, para acudir a una instancia internacional, en principio deben agotarse los mecanismos disponibles dentro del sistema judicial argentino.
También planteó un eventual escenario en el que el Congreso modifique la legislación vigente y elimine la inhabilitación especial perpetua. En ese caso, explicó, podría abrirse la posibilidad de solicitar una revisión de la sentencia bajo el principio de la ley penal más benigna.
Las presiones que denunció durante el juicio
Gorini también se refirió a las situaciones de seguridad que atravesó durante el proceso contra Cristina Kirchner. El magistrado afirmó que fueron sustraídas declaraciones juradas y anexos reservados de su información personal. Además, aseguró que se registraron 12 intentos de acceso ilegítimo a sus datos biométricos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Según relató, también sufrió una amenaza de bomba en su domicilio y situaciones que involucraron a integrantes de su familia.
El juez sostuvo además que fue incluido entre los magistrados que fueron objeto de tareas de espionaje y campañas de escraches digitales.
“Un punto de inflexión” para la Justicia
Gorini definió el caso Vialidad como uno de los procesos más importantes de su carrera y sostuvo que representa “un punto de inflexión” para el Poder Judicial. A su entender, la causa constituye uno de los casos de corrupción más relevantes que fueron juzgados por la Justicia argentina.
El magistrado también defendió el avance del decomiso de bienes de los condenados, aunque reconoció que se trata de un proceso complejo debido a la cantidad de activos involucrados y a la existencia de otros embargos y medidas cautelares.
“Estoy seguro” de que la sociedad podrá ver que los bienes vinculados al perjuicio contra el Estado serán restituidos, afirmó, aunque evitó establecer un plazo concreto.
Gorini también habló de la prisión domiciliaria
El juez evitó referirse exclusivamente a la situación de Cristina Kirchner y planteó la necesidad de discutir en el Congreso las condiciones generales de la prisión domiciliaria.
Según explicó, esta modalidad continúa siendo una pena privativa de la libertad, aunque se cumple en un domicilio y bajo determinadas restricciones. Para Gorini, sería necesario revisar la legislación para establecer criterios más claros y evitar que las condiciones de cumplimiento terminen desnaturalizando el carácter punitivo de la condena.
Una carrera marcada por causas de alto impacto
El magistrado también buscó separar su trayectoria profesional de la causa Vialidad. Recordó que durante sus 38 años de carrera judicial intervino en numerosos procesos de gran repercusión.
Entre ellos mencionó el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, la causa por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, la tragedia de LAPA, distintos juicios por delitos de lesa humanidad y recientemente el caso Skanska.
Gorini sostuvo que el hecho de que Cristina Kirchner haya sido vicepresidenta durante el proceso contribuyó a darle una dimensión política y mediática excepcional al juicio.
La crítica de Gorini al funcionamiento de la Justicia
Durante la entrevista, el juez también reconoció los problemas que atraviesa el Poder Judicial, entre ellos la gran cantidad de cargos vacantes.
Según señaló, las vacantes obligan a recurrir a subrogancias y terminan ralentizando el trabajo de los tribunales.
Al mismo tiempo, defendió la independencia judicial y sostuvo que los jueces deben limitarse a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso.
Para Gorini, una de las claves para mejorar la relación entre la Justicia y la sociedad es explicar con mayor claridad cómo funcionan los procesos judiciales. “Hay que reconciliar al Poder Judicial con la gente”, sostuvo.
Sobre la gran cantidad de exfuncionarios y expresidentes que fueron investigados o condenados en la Argentina, consideró que, aunque no es deseable que altos funcionarios enfrenten procesos penales, el hecho de que puedan ser juzgados también demuestra que las instituciones funcionan.
“Es preferible que se juzgue a que no se juzgue”, afirmó.
Fuente: Clarín
