La inminente aplicación de la pena de muerte para el joven de 26 años por «guerra contra Dios» encendió las alarmas internacionales.
El jefe del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los manifestantes detenidos durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre enfrentarán juicios rápidos, según informó la televisión estatal. El anuncio se dio en un contexto de represión generalizada que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, dejó desde cientos hasta varios miles de muertos en todo el país.
Las declaraciones coincidieron con una creciente preocupación internacional por el uso de la pena de muerte contra los manifestantes y, en particular, por la situación de Erfan Soltani, un joven de 26 años cuya posible ejecución generó fuertes reacciones diplomáticas y humanitarias.
Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei afirmó: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”. En ese marco, sostuvo que los tribunales aceleran los procesos judiciales de quienes permanecen detenidos por su participación en las protestas.
Pena de muerte y el caso de Erfan Soltani
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la primera ejecución vinculada a las protestas estaba prevista para este miércoles 14 de enero y que el condenado sería Erfan Soltani. En paralelo, Amnistía Internacional exigió al régimen iraní la suspensión inmediata de todas las ejecuciones, al advertir sobre graves violaciones al debido proceso.
Soltani fue detenido el jueves de la semana pasada en la localidad de Fardis por participar en las manifestaciones que comenzaron en diciembre. De acuerdo con la información disponible, su ejecución estaba pautada para este miércoles, aunque las autoridades iraníes no precisaron la fecha del juicio ni los cargos formales, ni permitieron que el joven contara con un abogado defensor o pudiera apelar la sentencia.
Lo único confirmado es que fue acusado por el delito de “moharebeh”, una figura contemplada en la legislación iraní que significa “guerra contra Dios” y que suele aplicarse en casos considerados una amenaza directa al régimen. Su familia solo pudo verlo durante diez minutos el domingo pasado, en una visita excepcional autorizada por los guardias de la prisión.
Activistas de derechos humanos advirtieron que el caso busca enviar un mensaje disciplinador a la sociedad. La militante Ryma Sheermohammadi sostuvo que la posible ejecución de Soltani apunta a “personificar el terror estatal para desarticular los reclamos sociales”. En la misma línea, la Unión Nacional para la Democracia en Irán afirmó que el gobierno de Ali Khamenei intenta silenciar a la población mediante ejecuciones ejemplificadoras.
Cifras en disputa y denuncias internacionales
Las cifras de víctimas muestran fuertes discrepancias entre las fuentes oficiales y las organizaciones independientes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, informó que verificó 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores de edad y nueve civiles no relacionados directamente con las protestas, lo que eleva el total documentado a 2.571 fallecidos. Por su parte, Iran Human Rights (IHR), con base en Noruega, reportó al menos 734 muertos, aunque advirtió que el número real podría ascender a varios miles.
Un funcionario iraní reconoció públicamente por primera vez una cifra global de dos mil muertos, aunque las autoridades insisten en atribuir gran parte de las muertes a “operativos terroristas” presuntamente apoyados desde el exterior. Medios internacionales y organizaciones humanitarias destacaron la escala inédita de la violencia empleada para sofocar las manifestaciones.
Las protestas comenzaron como una reacción al aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un movimiento antigubernamental que se extendió por varias ciudades. El líder supremo, Ali Khamenei, encabeza un régimen que enfrenta la mayor ola de desobediencia civil desde la revolución islámica de 1979.
Otra de las tácticas utilizadas por las autoridades fue el bloqueo del acceso a internet. Desde el 8 de enero, el país permaneció bajo un apagón digital que, según Netblocks, alcanzó 132 horas consecutivas. De acuerdo con HRANA, la falta de conectividad dificultó la verificación independiente de víctimas y detenciones.
La presión internacional se intensificó en los últimos días. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó la situación como “la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán” y exigió su final inmediato. En paralelo, la diplomacia estadounidense advirtió que “una muerte ya es demasiado” y mantuvo abiertas todas las opciones frente a una eventual campaña de ejecuciones.
En este escenario de incertidumbre y confrontación, distintos sectores coinciden en que el caso de Erfan Soltani se convirtió en un símbolo del rumbo represivo adoptado por el régimen y en una señal de las consecuencias que podrían marcar de manera duradera el futuro político y social del país.
