El Gobierno reparte su atención entre lo urgente y lo importante, cuyas relevancias son distintas para el ordenamiento de la economía.
Por Miguel Ángel Rouco
La atención del gobierno y del mercado está dividida entre lo inmediato y el mediano plazo, entre lo urgente y lo importante. Si bien ambos son asuntos sustantivos, tienen distintas relevancias para el ordenamiento de la economía, luego de la trasnoche kirchnerista.
En lo inmediato, la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero ratificaría que la inflación aún tiene vigor y que se nutre del combustible del festival monetario del gobierno del tándem de los Fernández y Massa.
En efecto, la persistencia inflacionaria está alimentada por los denominados “rezagos monetarios” de la disparatada emisión espuria ocurrida durante el gobierno anterior, a partir del descontrol de la pandemia y de las necesidades políticas del kirchnerismo.
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Al mismo tiempo, la corrección tarifaria de los servicios públicos se deriva del irrisorio congelamiento sostenido de manera indefinida.
Ambas vertientes, junto con los factores estacionales, generan que la inflación se encuentre aún por encima del 2,5%, convirtiéndose en un obstáculo urgente que debe ser removido por la administración Milei.
En paralelo, en el Palacio de Hacienda, el ministro Luis Caputo deberá lidiar con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que audita el cumplimiento de las metas comprometidas en el acuerdo firmado el año pasado, tras el pago del vencimiento con ese organismo.
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Mientras tanto, en el Congreso, el debate por la reforma laboral se presenta como una batalla reñida entre el pasado, encarnado por el peronismo y el sindicalismo en defensa de sus privilegios, y el futuro de millones de argentinos que pugnan por alcanzar un estándar laboral moderno, que les devuelva dignidad y un estatus de derechos civiles del que hoy están excluidos.
Por otra parte, la entrada en vigencia de la ley de Inocencia Fiscal, que permite a miles de personas blanquear divisas ahorradas durante la vigencia de los cepos y restricciones penales, genera una enorme expectativa por el aporte de capital a una economía sin vigor.
El gobierno espera que, con esta iniciativa, la gente vuelque al mercado unos 40.000 millones de dólares, lo que otorgaría una enorme liquidez, reforzaría el sistema de reservas y dinamizaría sectores que hoy se encuentran anclados.
En el mediano plazo, la mirada está puesta en dos aspectos. El primero es que, con la reforma laboral, los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) comiencen a recibir los primeros capitales, aportando más divisas.
El segundo factor está apuntalado por lo que aporte la cosecha gruesa, que muestra buenas perspectivas de rindes. A esto se suma la instrumentación del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que podría aportar los dólares necesarios para asegurar un horizonte de mediano plazo sin sobresaltos.
Si todas estas variantes se conjugan de manera integral, el gobierno estaría en condiciones de liberar totalmente el mercado cambiario y avanzar hacia un régimen de flotación libre, poniendo fin a una era de locura económica encarnada por el kirchnerismo.
