El comunicado del Gobierno advertía que si el juez no ordenaba su inmediata detención, sería recusado por “conflicto de intereses”, al ser hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof.
El juez federal Ernesto Kreplak, quien encabeza la investigación por las al menos 87 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, respondió con firmeza al Gobierno nacional luego de que la Vocería Presidencial, a cargo de Manuel Adorni, emitiera un comunicado exigiendo la detención del empresario Ariel García Furfaro y amenazara con recusarlo por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
En declaraciones a las que difundidas por TN, el magistrado fue contundente: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”. Además, defendió el trabajo judicial que lleva adelante desde abril y criticó la postura del Ejecutivo. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, sostuvo.
La respuesta del juez llegó pocas horas después del comunicado oficial en el que el Gobierno calificó a García Furfaro como “el Señor del Fentanilo” y lo vinculó con el kirchnerismo y el empresario Lázaro Báez. El texto también advertía que si Kreplak no ordenaba su inmediata detención, sería recusado por “conflicto de intereses”, al ser hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, cuya cartera figura entre los principales clientes del laboratorio HLB Pharma, fabricante del lote contaminado.
Kreplak, que instruye la causa desde el Juzgado Federal N°3 de La Plata, ha ordenado pericias clave, allanamientos y medidas restrictivas contra los responsables del laboratorio, aunque hasta el momento no ha dictado detenciones. En su mensaje, cerró con un llamado a la prudencia: “Respeto por las víctimas y las instituciones”.
La causa, que ya se conoce en algunos ámbitos como el “Cromañón sanitario”, ha generado una fuerte tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en medio de una tragedia que sacude al sistema de salud y pone en cuestión los controles estatales sobre la industria farmacéutica.
