Alberto Fernández sostuvo que la premisa de su administración es construir «un sistema más justo. Que no es perseguir a nadie», y agregó: «No son esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas o castigar a los ricos. Queremos hacer un país más justo simplemente».
Por Emiliano Rodríguez para NA.
Hace menos de un mes, el 17 de mayo pasado, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos propuso que el Estado sume participación accionaria en compañías a las que auxilia financieramente en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
Se generó entonces una polémica de la que tomaron parte incluso funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que consideró que la iniciativa merecía ser analizada, hasta que largos 11 días más tarde el presidente Alberto Fernández le bajó el pulgar. O al menos eso pareció, durante una visita a Formosa.
Allí, el mandatario sostuvo que la premisa de su administración es construir «un sistema más justo. Que no es perseguir a nadie», y agregó: «No son esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas o castigar a los ricos. Queremos hacer un país más justo simplemente».
Hablaba de «ideas locas» en ese momento Fernández, que paradójicamente 11 días después pateó el avispero y generó más revuelo aún en la Argentina en medio de la pandemia y tras una serie de tropiezos de su Gobierno en poco más de seis meses de gestión, con el anuncio de la decisión de la Casa Rosada de intervenir por decreto la compañía agroindustrial Vicentin y avanzar con su expropiación.
La propuesta ocasionó una inmediata reacción de parte de la oposición, que volvió a marcarle la cancha al Gobierno, al alentar un cacerolazo en contra de la iniciativa y una masiva demostración de rechazo de parte de vecinos de las ciudades de Avellaneda y Reconquista, en Santa Fe, donde está asentada la empresa.
Si bien el primer paso de la decisión oficial se concretó, a pesar de que la compañía ya estaba intervenida por la Justicia toda vez que se encuentra en convocatoria de acreedores a causa de una deuda de alrededor de 1.350 millones de dólares, Fernández debió convocar a una suerte de «mesa de diálogo» al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, en Olivos.
Al término del encuentro, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti -peronista no kirchnerista-, dijo a la prensa que tras la reunión, de la que tomó parte, se abría la posibilidad de analizar «alternativas superadoras» a la expropiación, aunque horas más tarde, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, ratificó el plan original de la Casa Rosada.
Por consiguiente, al menos hasta el momento, las «ideas locas» del Gobierno con relación a Vicentin continúan vigentes, más allá de que supongan un elevado costo político para Fernández, en especial, cuando crecen -como sucede en estos días- las dudas en la sociedad sobre quién conduce, quién lidera los destinos del país y/o quién marca el pulso de la agenda oficial: ¿él o Cristina Fernández de Kirchner?.
En este contexto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, salió a «aclarar» que la decisión oficial de expropiar Vicentin no implica avanzar hacia una «venezualización» de la Argentina, en momentos en los que sectores más duros del kirchnerismo le reclaman a Fernández dejar de lado ese perfil de dirigente político «moderado» que le sirvió, por ejemplo, en la última campaña para ganar las elecciones y llevar su gestión hacia una nueva instancia.
«Siempre voy a consultar a Cristina»
El propio Fernández también habló, buscando robustecer su figura presidencial y contrarrestar los embates de la oposición, que lo acusan de someterse a las órdenes de la vicepresidenta: «Lo digo públicamente, para terminar de aventar esta historia negra de que Cristina me reta y me pega dos gritos para que haga lo que no quiero hacer. Eso no existe y no permitiría que eso existiera», subrayó el jefe de Estado.
No se trata ésta de una discusión nueva en el país. Apenas la «Jefa» designó a Fernández como «su» candidato a Presidente de la Nación hace poco más de un año que se viene debatiendo sobre quién tiene la última palabra:
«Siempre voy a consultar y escuchar a Cristina (…) Pero las decisiones finales las tomaré yo», había dicho incluso el actual mandatario antes de asumir.
La decisión «neo-kirchnerista» de la Casa Rosada con relación a Vicentin se conoció durante la misma semana en la que la ex jueza y fundadora de la agrupación K Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, asumió como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Y en sus primeras declaraciones como funcionaria recién designada Garrigós de Rébori levantó polvareda: «El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica. Todas las crisis a lo largo de la historia produjeron esto», lanzó.
Sus palabras llevan en momentos en los que diferencias tanto ideológicas como metodológicas entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su colega de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, generan cada vez más preocupación en medio de una aparente escalada de episodios delictivos en el principal distrito del país en plena cuarentena.
Reconoció el propio Berni que desde el 19 de marzo pasado, justo antes de que se iniciaran las medidas de aislamiento social en busca de contener el avance de la pandemia de Covid- 19, que no habla con Frederic y además, remarcó: «No tengo nada de apoyo del Gobierno nacional».
La designación de Garrigós de Rébori «suena» como un paso más en la avanzada kirchnerista que se viene produciendo en dependencias estratégicas del Estado y claramente acentúa la incertidumbre sobre quién toma las decisiones en el seno del Poder, por más que el Presidente se disguste.
«Gracias por la participación y por haber escuchado la idea», le dijo la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti al propio jefe de Estado el día del anuncio oficial sobre Vicentin: ¿entonces, de dónde surgió la propuesta? ¿Del «Grupo Callao» o del ala dura del Gobierno, más afín a Cristina?.
Mientras tanto, aumentan los contagios y la cantidad de víctimas fatales a causa de la pandemia de Covid-19 y la estrategia oficial para hacerle frente al virus también comenzó a generar en los últimos días más dudas que certezas, en momentos en los que el país avanza hacia los 100 días de cuarentena y aún se desconoce cuándo se producirá ese «pico de la enfermedad» del que hablan los especialistas.
