Diputados buscará aprobar el jueves la norma que prohíbe a un condenado por corrupción con condena confirmada presentarse a elecciones. Pero hay interpretaciones diferentes sobre si la ex vice estaría alcanzada por la norma.
El PRO hará este jueves un segundo intento consecutivo en Diputados para dar media sanción a la ley de Ficha Limpia, que establece que una persona con sentencia confirmada en segunda instancia no pueda candidatearse a un cargo electivo nacional. A Cristina Kirchner la norma parecería calzarle como un guante tras la confirmación por la Cámara Federal de Casación Penal de su condena por corrupción a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
En la bancada amarilla aseguran que el jueves sus 37 miembros estarán en sus bancas. La semana pasada, cuando se frustró su tratamiento, tuvieron un faltazo imprevisto por una dolencia del diputado Alejandro Finocchiaro. Garantizan que ahora dará el presente. Y confían en que ahora también estarán todos los legisladores de La Libertad Avanza, aunque no obtuvieron explicaciones de por qué se ausentó la semana pasada un diputado libertario.
Todo esto en medio de versiones de un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo: a cambio de que no avance Ficha Limpia, Unión por la Patria aceptaría la eliminación de las PASO, tal como impulsa el Poder Ejecutivo.
Generó sospechas la semana pasada -incluso entre los aliados de los libertarios- el apuro de Martín Menem, presidente de Diputados, para dar por caída la sesión apenas se cumplió la media hora de tolerancia para conseguir el quórum. Nadie cree que con una iniciativa clave para la Casa Rosada, como por ejemplo la ley Bases, el riojano hubiera sido así de estricto cuando faltaba apenas un legislador para lograr el quórum.
Para el quórum se necesitan 129 presentes. En el arranque de la mañana de este martes había dudas de que este jueves se lo logre. Y de conseguirse, algunos plantean que bien podría suceder que después no se consigan los 129 votos afirmativos que se necesitan para la aprobación de la ley por tratarse de una ley electoral, que exige una mayoría especial.
Otra incógnita: de aprobarse en Diputados, ¿el Senado la sancionará luego? En la Cámara alta, Cristina y el peronismo son fuertes.
Pero antes del tratamiento ya surgió una polémica. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en un posteo en X: “ La sanción de una ley de ‘Ficha Limpia’ no puede tener una aplicación retroactiva y solamente regiría respecto de los hechos y eventuales condenas acaecidas a partir de su entrada en vigencia”.
Gil Domínguez sostiene que si se trata de una norma de naturaleza penal se debe aplicar el principio de irretroactividad. Y que si es una de otra naturaleza “rige el artículo 7 del Código Civil y Comercial que establece como regla que las leyes no tienen efecto retroactivo”.
En torno a los proyectos de ley que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados denominados “Ficha Limpia”, los cuales tienen por objeto inhibir a las personas el pleno ejercicio del derecho político a ser elegido cuando son condenadas por determinados delitos, asoma una…
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez)November 13, 2024
Consultado por Clarín, el doctor en Derecho amplió: «Las leyes no son retroactivas, no se pueden aplicar retroactivamente. y no pueden afectar los derechos asignados a las personas. En caso de aprobarse Ficha Limpia, la ley será posterior a la confirmación de la condena» a la ex presidenta.
«Pongámosle que te lo regalo», dice Gil Domínguez a modo de concesión cuando se le apunta que en vez de una ley penal se trataría de una ley electoral.
«Se está tomando una decisión electoral sobre conductas penales, pero dejemos eso de lado. De cualquier manera el Código Civil sostiene que las leyes no tienen efecto retroactivo. La eventual ley va a ser totalmente judicializable».
La principal impulsora de la iniciativa es la diputada del PRO Silvia Lospennato. “Es una ley electoral, por eso necesita 129 votos. Si fuera penal se aprobaría con mayoría simple”, apunta a Clarín.
Y agrega: “La ley se podrá aplicar en cualquier momento después de su sanción. Solo pone condiciones para la elegibilidad de un candidato. En 2009, por ejemplo, se aprobó, por impulso del kirchnerismo, que los procesados por delitos de lesa humanidad no puedan ser candidatos”.
UxP comparte el criterio del PRO
En la bancada de Unión por la Patria comparten el criterio de Lospennato. “Es una ley que regula quién puede ser candidato. No importa cuándo salió la condena, sino si cumplís, o no, con los requisitos”, interpreta un diputado de la provincia de Buenos Aires. Y completa: «Lo que importa es si estás condenado, no cuándo fuiste condenado».
La bancada peronista se opone abiertamente a la ley. «El proyecto viola el principio de inocencia. Si no hay sentencia definitiva, la persona es inocente hasta que la Corte se expida. Es una ley muy burda, con nombre y apellido», señala la diputada de UxP Carolina Gaillard.
En la Coalición Cívica admiten que posiblemente haya “controversia y planteos de inconstitucionalidad” contra la ley. «Muchos se confunden pensando que es una ley penal y es electoral», subrayan en la bancada alineada con Elisa Carrió.
«Seguramente van a ir a la Justicia, pero la Cámara Electoral ya fijó que una persona condenada por corrupción no podía ser candidata. La Corte revirtió en el caso Menem y habló de condena firme. Ahora habiendo ley la posición será más sólida», agregaron.
Un referente del radicalismo de vínculos con la Justicia coincidió con el diagnóstico: “Va a dar lugar a una intensa polémica, Va a haber opiniones controvertidas”.
Un dirigente del PRO que es abogado pero no legislador cree directamente que de sancionarse la ley Cristina Kirchner podrá recurrir a la Justicia. «Y cualquier juez le dará la razón. Hasta los que la condenaron por corrupción», afirma.
Pero la diputada Silvia Lospennatto, quien se muestra optimista con que la ley será aprobada en la Cámara baja, rechaza las objeciones y remarca que no es una ley contra el peronismo: «Es una ley contra los chorros».
Lospennato recuerda que el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, en el inciso 2 de su artículo 23 sobre los derechos políticos dice que a éstos se los puede reglamentar «exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal».
La diputada plantea: «Si eventualmente se cambiase la Constitución y el requisito para ser candidato a senador se cambiase de 30 a 40 años, alguien de menos de esa edad podría venir a plantear ´yo ya había nacido cuando se cambió la normativa y puedo ser candidato’. No tendría razón».
La duda, entonces, es si eventualmente quizá la ley no afecte a a Cristina, ¿por qué el kirchnerismo busca frenar la ley?
Posiblemente porque si va de candidata, antes deberá pronunciarse la Justicia. Y ahí el final asoma demasiado abierto.
Algo más: ¿Quién quiere ir de candidato si antes tiene que pedirle a la Justicia que lo habilite por tener una condena por corrupción? Es mejor tener el camino legal despejado para lanzarse a una campaña electoral.
