Desde el espacio señalaron que reducir la edad de punibilidad vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El kirchnerismo expresó su rechazo a la reducción de la edad de punibilidad y cuestionó la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La postura fue difundida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, a través de un comunicado en el que se respaldó el habeas corpus preventivo colectivo presentado por el Hogar de Cristo y la decisión de la Justicia bonaerense de suspender durante 60 días la implementación de la norma.
Desde el espacio señalaron que reducir la edad de punibilidad vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, destacaron el criterio adoptado por la Justicia provincial, que consideró que no es necesario esperar a que se produzca una vulneración concreta de derechos para intervenir.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de infraestructura especializada para alojar y acompañar a menores alcanzados por el nuevo régimen. Desde el kirchnerismo advirtieron que, ante la ausencia de establecimientos adecuados, existe el riesgo de que adolescentes sean alojados junto con personas adultas.
El espacio sostuvo que esa situación implicaría una vulneración de derechos y cuestionó que la reducción de la edad de punibilidad pueda ser presentada como una respuesta suficiente frente a los problemas de seguridad. La discusión se produce mientras continúa el debate sobre el alcance de la reforma y las condiciones necesarias para su implementación.
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En el comunicado, el kirchnerismo sostuvo que “bajar la edad de punibilidad no soluciona el delito” y planteó que el Estado debe contar previamente con los recursos y las instituciones necesarias para abordar los casos que involucren a menores de edad.
BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD VULNERA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Acompañamos el habeas corpus preventivo colectivo presentado por @HogarDeCristoFG y la decisión de la Justicia de suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos…
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 7, 2026
La crítica también apuntó a las consecuencias que podría tener la aplicación de la norma sin una infraestructura específica. “Si el Estado no tiene dónde alojarlos ni cómo acompañarlos, no es una política de seguridad: es venganza, no justicia”, expresaron desde el espacio político.
La postura se conoció luego de que la Justicia bonaerense dispusiera la suspensión preventiva de la aplicación de la Ley 27.801 por 60 días en la provincia. Durante ese período, la medida judicial abre una instancia para analizar las condiciones en las que debería implementarse el nuevo régimen y el impacto que podría tener sobre los derechos de los menores involucrados.
