El Ejecutivo publicó ambos proyectos en el Boletín Oficial pero no habilitó partidas para su cumplimiento.
El Poder Ejecutivo oficializó este martes la promulgación de dos leyes clave: la de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan y la de financiamiento universitario. Ambas normas habían sido ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre, luego de que el Senado rechazara por amplia mayoría los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su implementación quedó en suspenso: el Gobierno exige que sea el Parlamento quien defina el origen de los fondos necesarios para su cumplimiento.
Las leyes 27.795 y 27.796 fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, respectivamente. Aunque la promulgación implica su entrada formal en vigor, el Ejecutivo no habilitó las partidas presupuestarias correspondientes, replicando la postura que ya había adoptado con la ley de emergencia en discapacidad (27.793), oficializada el 22 de septiembre a través del decreto 681/25.
En aquel momento, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. Ahora, el Gobierno sostiene el mismo argumento frente a las nuevas normas, y plantea que será el Presupuesto 2026 el instrumento adecuado para definir cómo se incrementarán los recursos.
La decisión de promulgar sin asignar fondos expone una tensión institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mientras el Congreso avanza en la sanción de leyes que responden a demandas sociales y educativas urgentes, el Gobierno condiciona su ejecución a una definición presupuestaria que aún no existe. En ese marco, la aplicación efectiva de las leyes dependerá de la voluntad parlamentaria de incluir las partidas necesarias en el próximo ejercicio fiscal.
