El decreto será publicado en los próximos días y las inscripciones comenzarían en noviembre. Los puntos a tener en cuenta.
El Gobierno nacional prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados públicos que será oficializado mediante un decreto en los próximos días. La medida estará dirigida al personal civil de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y de los organismos desconcentrados. Según anticiparon fuentes oficiales, las inscripciones comenzarían en noviembre.
El objetivo de la iniciativa es continuar con la reducción de la dotación de trabajadores del Estado. De acuerdo con una estimación elaborada por el propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de empleados públicos y trabajadores de empresas estatales se redujo en 74.332 personas, lo que representa una caída del 21,6%. La administración de Javier Milei calculó que el recorte generó un ahorro superior a los USD 2.500 millones desde el comienzo de la gestión.
Dos funcionarios confirmaron que el decreto ya fue terminado y que será publicado próximamente. Las autoridades esperan que la convocatoria alcance, como mínimo, a 1.000 trabajadores. La medida fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, junto con las áreas encargadas de la reforma de la administración pública.
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El programa contemplará distintos grupos de trabajadores. En primer lugar, alcanzará a quienes ya estén en edad jubilatoria y cuenten con los años de aportes necesarios. También estará dirigido a empleados que hayan alcanzado la edad para jubilarse pero todavía necesiten completar sus aportes, y a trabajadores más jóvenes que decidan abandonar voluntariamente la administración pública.
El monto que recibirá cada empleado será diferente según su situación. De acuerdo con fuentes que participaron de la elaboración del decreto, para quienes estén próximos a jubilarse, el dinero podría facilitar el pago de los aportes pendientes. En los otros casos, la compensación estará determinada por las condiciones establecidas para cada grupo dentro del régimen.
La iniciativa genera rechazo entre los gremios estatales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el programa y sostuvo que el sindicato interpreta los retiros como posibles “despidos encubiertos”. Además, anticipó que la organización podría promover medidas de fuerza si la implementación se realiza de manera generalizada.
El Gobierno ya aplicó esquemas similares en organismos como el INTA y la ANSES. En el caso del INTA, el programa ofreció una compensación equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con distintos topes según la edad. De una meta oficial de 1.200 desvinculaciones, finalmente se registraron 905 adhesiones, equivalentes al 15,7% de la dotación del organismo.
Los datos oficiales muestran además la magnitud de la reducción del empleo estatal durante la actual gestión. La dotación total pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. En la Administración Pública Nacional, la cantidad de empleados cayó de 233.098 a 181.880, mientras que las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores.
