En el oficialismo descuentan la avanzada en los tribunales contra el proyecto que conquistó media sanción en el Senado.
Tras la media sanción en la Cámara alta, el Gobierno nacional avanza en el diseño de una estrategia jurídica para defender la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei ante una ola de impugnaciones que, estiman, se presentará apenas la norma sea promulgada.
Fuentes oficiales anticipan que, de aprobarse definitivamente en Diputados durante las sesiones extraordinarias, la ley enfrentará acciones judiciales promovidas tanto por gremios como por sectores del propio Poder Judicial. En la Casa Rosada dan por hecho que el conflicto terminará resolviéndose en la Corte Suprema.
El plan legal es elaborado de manera reservada por un equipo integrado por la Secretaría de Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación y el Ministerio de Justicia, áreas alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Desde el oficialismo sostienen que buscan “prevenir la judicialización” de la norma y consideran inevitable que las presentaciones escalen hasta el máximo tribunal, donde uno de los ministros señalados como clave es Horacio Rosatti.
Los puntos más controvertidos
Entre los aspectos de la reforma que prevén mayor resistencia sindical figuran:
-
La prioridad de los convenios colectivos por empresa sobre los acuerdos sectoriales o nacionales
-
La limitación de la ultraactividad de los convenios vencidos
-
La modificación del cálculo de indemnizaciones por despido
Otro eje de conflicto es el traspaso de la Justicia del Trabajo del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante el Decreto 95/2026, el Gobierno habilitó al jefe de Gabinete a firmar acuerdos para concretar esa transferencia, en línea con el proceso de autonomía porteña iniciado tras la reforma constitucional de 1994.
En el sistema judicial advierten que la medida podría generar disputas por la administración y el control de los tribunales laborales, históricamente bajo jurisdicción nacional.
Actualmente, el fuero laboral está encabezado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mientras que la Ciudad avanzó en los últimos años con la creación de su propia estructura judicial en la materia.
Antecedentes y escenario político
El Gobierno toma como antecedente inmediato los amparos presentados por gremios contra el capítulo laboral de la Ley de Bases, que derivaron en suspensiones parciales de su aplicación.
Pese a los cuestionamientos de asociaciones judiciales y sindicales, el oficialismo impulsó el tratamiento en el Senado con el respaldo de su bloque y aliados, entre ellos dirigentes vinculados a Patricia Bullrich, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión.
La iniciativa ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. Si obtiene sanción definitiva y es promulgada por el Poder Ejecutivo, el Gobierno prevé una inmediata ofensiva judicial para frenar su aplicación.
