El oficialismo impulsa una reforma integral de la normativa vigente que busca agilizar la constitución y organización de empresas.
El gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar el régimen de sociedades, con el objetivo de reducir la intervención estatal y simplificar la creación y funcionamiento de empresas.
La iniciativa, que será presentada por el Poder Ejecutivo, fue elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica. Según detalló el titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger, el proyecto busca reemplazar un esquema “rígido” por un marco basado en la autonomía de las partes y la flexibilización normativa.
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Entre los principales cambios, se establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio, priorizando lo que establezcan los estatutos de cada sociedad. Asimismo, se prevé la eliminación de trabas burocráticas en los registros públicos y la posibilidad de definir objetos sociales amplios, sin necesidad de vinculación entre actividades.
El texto también introduce nuevas herramientas de financiamiento, como los instrumentos de inversión convertibles, que permiten el aporte de capital sin que el inversor asuma responsabilidad inmediata como socio. A su vez, contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y la extensión indefinida de los mandatos de sus autoridades, salvo disposición en contrario.
En materia de organización empresarial, el proyecto simplifica los procesos de reorganización dentro de grupos societarios y promueve la digitalización integral de las operaciones, incluyendo la constitución de empresas mediante firma electrónica, la utilización de libros digitales y la realización de asambleas a distancia.
Uno de los aspectos más novedosos es la incorporación de figuras como la “Sociedad Automatizada”, que puede operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin intervención humana directa, y las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), basadas en tecnología blockchain. Ambas contarán con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.
Además, la iniciativa habilita a las sociedades a someter sus conflictos internos a derecho extranjero o a mecanismos de arbitraje, en línea con prácticas utilizadas en centros financieros internacionales.
El proyecto se inscribe en la estrategia oficial de desregulación económica y promoción de inversiones, y deberá ser debatido en el Congreso de la Nación en las próximas semanas.
