El Gobierno busca destinar 113 millones de pesos para el desarme de la población

Según se desprende del Presupuesto 2019, el dinero sería otorgado a la Agencia Nacional de Materiales Controlados con el objetivo de restringir y destruir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil.

En medio de la polémica que despertaron los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la libertad de las personas a estar armadas, el Gobierno busca destinar más de 113 millones de pesos a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) con el objetivo de restringir y destruir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil.

Los datos se desprenden del proyecto de Presupuesto 2019 enviado al Congreso y el monto total que se prevé otorgar a la ANMaC es 113.422.591 pesos. El organismo se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia y es dirigido por Natalia Gambaro.

«Fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego para su destrucción; restringir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil; destruir armas de fuego y otros materiales controlados; aumentar el control registral, de traslado y resguardo de materiales controlados; y difundir políticas y acciones destinadas a la restricción de armas de fuego», son los “objetivos prioritarios”.

Para ello, la Anmac prevé «realizar programas de concientización y sensibilización sobre la entrega voluntaria de armas y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad; promover la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos», entre otras actividades.

«La participación en el PEVAF es abierta a todas las personas, sean legítimos usuarios o no. Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega y luego destruidas en un horno de alta temperatura», detalla la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Paticia Bullrich había expresado: “El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre». Estas declaraciones despertaron una gran polémica aunque la ministra sostuvo sus dichos porque  “en la Argentina la portación de armas no está prohibida, está regulada por un organismo».

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