El IPC de junio mostró un incremento del 1,6%, impulsado principalmente por el aumento en servicios con baja competencia.
El Gobierno continúa consolidando la desaceleración inflacionaria, un frente al que no está dispuesto a renunciar y que buscará convertir en bandera de campaña de cara a las elecciones legislativas.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio mostró un incremento del 1,6%, impulsado principalmente por el aumento en servicios con baja competencia. La inflación interanual se ubicó en el 39,4%, muy por debajo del contexto de hiperinflación heredado en 2024, cuando los precios crecían a un ritmo superior al 250% anual.
Según el análisis oficial, esta baja sostenida responde al compromiso fiscal y monetario que guía la política económica del Gobierno nacional. En los primeros seis meses de 2025, la inflación acumuló 15%, lo que proyecta un índice inferior al 30% anual, si se mantiene la actual disciplina macroeconómica.
Sin embargo, el foco de preocupación sigue puesto en los servicios, cuyos precios subieron un 21,5% en el semestre, frente al 12,3% registrado en los bienes. Esta dispersión evidencia, según el Gobierno, la necesidad de desregular el sector para fomentar la competencia, dado que se trata de áreas altamente protegidas durante los últimos 25 años.
En la comparación interanual, la diferencia es aún más marcada: los bienes aumentaron en torno al 30%, mientras que los servicios lo hicieron en más del 63%.
Uno de los mayores impactos se registró en el conurbano bonaerense, donde los municipios aplican tasas que funcionan como impuestos encubiertos, una práctica que el Gobierno considera inconstitucional y con efectos negativos directos sobre el poder adquisitivo.
El conflicto por la coparticipación
El otro frente abierto que enfrenta el Ejecutivo es el de la coparticipación federal de impuestos, en medio de reclamos de los gobernadores y las recientes modificaciones impulsadas en el Congreso.
Desde el oficialismo nacional advierten que el paquete de leyes aprobado compromete la estabilidad fiscal y financiera, y lo interpretan como una acción política que responde al temor de los gobernadores a una derrota electoral ante la paralización de obras públicas.
En ese contexto, se acusa a los mandatarios provinciales de haber intentado modificar unilateralmente el régimen de coparticipación, lo que el Gobierno califica como un acto de «patoterismo fiscal».
El problema tiene un componente técnico: el régimen de coparticipación está regulado por una ley convenio entre Nación y provincias, que sólo puede ser modificada con una mayoría especial del Congreso, procedimiento que no se cumplió en la última sesión del Senado.
Desde la Casa Rosada se evalúa si corresponde vetar la ley, aunque algunos sostienen que vetar un acto inválido sería convalidarlo, lo que abre un debate jurídico.
En el Gobierno califican la maniobra como «una bravuconada política sin consecuencias jurídicas» y consideran que no tuvo otro objetivo que mostrar fuerza en un contexto de tensiones con la administración central.
