El Gobierno habla de economía en expansión y consumo récord, pero ordena un nuevo recorte.
Por Roberto Pico
En los últimos tiempos, se ha observado una predisposición desmedida a celebrar el ajuste fiscal en Argentina como si se tratara de un logro inmaculado.
El Gobierno lo exhibe como un trofeo y buena parte de los economistas e inversores que se benefician de esta situación lo aplauden a rabiar. Ambos parecen ignorar el costo social.
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En las últimas horas, el presidente, Javier Milei, ordenó un nuevo ajuste del 2% en los gastos corrientes y del 20% en los de capital. Todos los ministerios tienen que presentar el plan antes del 30 de abril.
En consecuencia, lejos de ser un proceso virtuoso, lo que se está implementando es un ajuste tortuoso que recae sobre el 80% de la población y que golpea los cimientos del contrato social.
Entre los puntos más críticos aparece la licuación de las jubilaciones mínimas al no actualizarse el bono y el desfinanciamiento del PAMI.
Por la negativa del Ministerio de Economía de enviar los fondos comprometidos, el Estado ha dejado de cumplir con obligaciones esenciales. Esto se traduce en adultos mayores que no reciben la atención adecuada, lo que se suma al recorte de los medicamentos ya dispuesto. Conseguir un turno médico se ha vuelto una tarea titánica y, cuando se logra, la atención es deficiente debido a que la cápita es tan baja que los profesionales deben atender masivamente para que el trabajo sea rentable.
Esta es la cara cruel del ajuste que se celebra: nuestros mayores tienen hoy menos salud y menos protección.
A los ya ejecutados recortes de subsidios a la energía, en las últimas semanas se suma la situación del transporte.
Luis Caputo hace tres meses no le paga a las empresas de colectivos y entonces la calidad de los viajes empeora. Los empresarios sacan menos unidades a la calle para reducir costos y, en consecuencia, las frecuencias se tornan insoportables, haciendo la vida del trabajador mucho más difícil.
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Los costos aumentaron porque las petroleras aprovecharon la guerra y llevaron el litro de combustibles a U$S 1 (unos $1.400 pesos). El resto –hasta los $2.000/$2.100– es una andanada de impuestos que el gobierno de Milei no está dispuesto a bajar.
Tal la lógica libertaria, si el ciudadano no pagara esa carga excesiva de impuestos, ese dinero podría reactivar el consumo en otros sectores. Sin embargo, nada hace para eso ocurra, sino que se apodera de esos fondos, mientras pregona baja de impuestos.
La producción y la educación tampoco eluden la despiadada motosierra sobre los trabajadores.
Un ejemplo de estos días son los camioneros que tienen que sacar la producción agropecuaria récord que traerá los dólares al país.
El gobierno “se lavó las manos” en el conflicto que enfrenta a choferes con productores y dijo que la tarifa es un “acuerdo de partes”, mientras mira para otro lado con las petroleras ajustando el gasoil, lo cual rompe la ecuación financiera de los transportistas.
Asimismo, el sistema universitario sufre un ahogo financiero que pone en riesgo la continuidad de docentes y la formación de futuros profesionales. En el mismo sentido, tampoco se están saldando las deudas del sistema de Discapacidad.
Al incumplir con este cúmulo de obligaciones, el Gobierno está rompiendo un acuerdo básico de sostenimiento de la educación, la salud pública y la asistencia a los más vulnerables.
Alerta con el FMI
En el plano macroeconómico, la situación no es más alentadora. Pese al discurso oficial, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra frenado.
El organismo reclama que el Gobierno no cumplió con las metas de acumulación de reservas ni con el levantamiento de las restricciones del cepo, exigiendo un dólar más caro y señalando que la inflación no ha bajado según lo previsto.
El equipo económico está tratando de bajarle al máximo el tono a la visita que realiza esta semana a Washington para la Asamblea de Primavera del FMI. Temen que la falta de resultados concretos les impacte.
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Incluso el propio Presidente ha tenido que reconocer, a través de sus redes sociales, que la actividad económica está deprimida y la situación es complicada.
Por ello, resulta indignante que el ajuste se presente como un “éxito”. Detrás de los números de superávit se esconde el sufrimiento de personas mayores, enfermos, estudiantes y trabajadores que cumplen jornadas extenuantes solo para llegar a fin de mes.
El ajuste fiscal no es algo para festejar; es, ante todo, el enorme esfuerzo de una población que está pagando las culpas de una fiesta pasada con una pérdida estrepitosa de su calidad de vida.
Ante este cuadro de situación, el gobierno se estruja en su propia contradicción: mientras habla de “éxito”, de economía en “crecimiento récord” y “consumo histórico”, sigue recortando gastos porque “no hay plata”.
