Denuncian que funcionarios venezolanos fueron torturados por negarse a declarar sobre el ataque de EEUU

Las presuntas víctimas son técnicos del CICPC, la policía judicial de Venezuela: el crudo relato de los familiares.


Familiares de técnicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) denunciaron que varios funcionarios fueron detenidos y torturados por negarse a modificar los resultados de las investigaciones vinculadas al ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela.

Según relataron allegados a los profesionales, las represalias comenzaron luego de que se opusieran a alterar evidencias relacionadas con la denominada “Operación Determinación Absoluta”, una serie de bombardeos que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores del país caribeño.

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Según supo Notas de Actualidad, distintos integrantes del CICPC fueron citados el 23 de enero a una reunión en la que se los habría presionado para “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales” sobre lo ocurrido en Fuerte Tiuna, en Caracas, donde el exmandatario residía junto a su esposa.

Quienes se negaron a firmar documentos o modificar las conclusiones técnicas fueron arrestados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y acusados de un supuesto “intento de homicidio” contra el director del CICPC, Douglas Rico, quien finalmente no asistió al encuentro.

Un allegado a uno de los detenidos, que optó por preservar su identidad, aseguró: Fue torturado cuando lo agarraron… él siempre ha sido súper ético, tiene 26 años de servicio y es intachable. Se negó a firmar unas vainas del 3 de enero… y lo han acusado como un intento de homicidio a Douglas Rico.

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En otra carta enviada a un medio venezolano, un familiar relató: Desde ese momento y hasta la fecha se mantuvo en un estado de desaparición forzada, ya que las autoridades no suministraron información oficial sobre su paradero ni permitieron contacto alguno con sus familiares o abogados.

Según estimaciones de los propios allegados, habría alrededor de 30 personas en condiciones similares, aisladas y sin acceso al debido proceso legal.

Parte de los detenidos se encontraría en El Rodeo I, en el estado Miranda. Sobre su estado físico, la fuente anónima sostuvo: Cuando los fueron a ver al Rodeo estaban todos coñaceados y vueltos mierda, y detalló que permanecen con capuchas durante todo el día, las cuales solo les retiran al momento de comer, además de presentar signos visibles de tortura física.

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Los familiares exigen información oficial sobre el paradero de los arrestados y reclaman el respeto de las garantías judiciales básicas para quienes —afirman— se limitaron a cumplir con su labor profesional sin alterar evidencias.

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