El programa económico del Gobierno atraviesa un momento de incertidumbre, agravado por las derrotas legislativas en Diputados y en el Senado.
La corrida cambiaria de este jueves y los pronunciamientos irresponsables del Congreso, sumado a los groseros errores propios del gobierno nacional, resultaron en un caldo de cultivo ideal para que los gérmenes de la desconfianza pusieran en peligro la sustentabilidad de la muy frágil economía argentina.
La puja de poder de cara a las elecciones y el mantenimiento de los privilegios de la casta política y sus sectores protegidos aprovecharon los errores de política monetaria y cambiaria dispuestos por el Banco Central y el Ministerio de Economía. La corrida cambiaria responde a una crisis de confianza en el plan económico como consecuencia de un abrupto cambio de política monetaria y cambiaria.
Cuando el gobierno quiere cambiar la deuda en cabeza del BCRA y pasarla al Tesoro, no sólo cambia la figura del deudor sino coloca sobre el Erario, más peso del que podía soportar, en medio de reclamos y tensiones financieras por parte de los gobernadores y de quienes dependen de los recursos del Estado.
Eso llevó a que el gobierno se viera obligado a bajar las tasas de interés que hasta ese momento habían sido la garantía para que la oferta monetaria no se multiplicara y para que el Tesoro no tuviera que afrontar un mayor pago de intereses sobre esa deuda.
Esto también alimentó el fuego que había dejado encendido el canje de las Letras y que había sacudido meses atrás la pax cambiaria.
En consecuencia, la baja de tasas y la liberación de mayores recursos monetarios, fueron el combustible para esta corrida que luego fue alimentada por las tropelías de la casta. Como dicen en el campo, «cambiar de caballo a mitad del río no es una buena decisión».
El resto no fue otra cosa que las dudas de los inversores frente a una debilidad financiera que sembró una incertidumbre sobre la capacidad de repago de la deuda pública y del acceso a los mercados internacionales.
El rol de la casta fue incendiario, deliberado, planificado y ejecutado de manera ilegal y de espaldas al mandato de la sociedad que pidió en las urnas eliminar la inflación.
La casta privilegió sus intereses aún sabiendo que eso provocaría un enorme perjuicio a la sociedad.
Más recursos para las universidades implica aumentar el gasto sin determinar la fuente de financiamiento ni tampoco examinar las cuentas de las universidades que nunca rindieron. La casta determinó que la sociedad mantenga a estudiantes crónicos y a un sistema de privilegios que muestra un 40% de deserción académica en el primer año de ingreso, a costa de los impuestos de los contribuyentes. Patético.
Más recursos para el Hospital Garrahan sin examinar sus cuentas, lo mismo. El hospital tiene numerosos deudores, entre ellos muchas obras sociales que no pagan las prestaciones realizadas a sus afiliados y mientras ellos no pagan buscan que el resto de la sociedad pague esas deudas. El principal deudor del Garrahan es IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires, administrada por Axel Kicillof, reciente ganador de las elecciones locales. Sí, leyó bien, la gente eligió votar y premió al principal deudor del Garrahan que al día siguiente de la elección respondió con un aumento de impuestos para los sectores más desprotegidos.
Está claro que la casta se embanderó detrás de la causa del hospital y tomó de rehenes a los niños que padecen diversas y delicadas patologías, con el único fin de desestabilizar al gobierno. Nada más cobarde y abyecto, un claro síntoma de la putrefacción política.
No sólo aumentaron el gasto sino que tomaron de manera ilegal recursos de la coparticipación federal de impuestos sin cumplir con las exigencias legales.
En principio, la manda de la Constitución Nacional de 1994 obliga al Congreso a redactar una nueva ley de Coparticipación. Se trata de una ley convenio, para lo cual se requiere el acuerdo unánime de todas las provincias y de la Nación para realizar cualquier cambio legal.
Si bien la encriptada redacción del artículo 75, inciso 2 de la carta magna, no precisa las mayorías requeridas, está claro que por tratarse de una ley de orden público requiere de mayorías especiales -tal vez 2/3 de los votos-, algo que no se cumplió en la modificación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que en su redacción original maneja el Poder Ejecutivo Nacional.
Si bien no hay jurisprudencia sobre el tema, la doctrina es abundante. Algunos juristas, coinciden en señalar que se requiere un acuerdo unánime entre la Nación y las provincias. Algunas expresiones de los constituyentes durante la convención de 1994 parecen ir en ese sentido, incluyendo las del miembro informante de la comisión redactora del artículo.
La unanimidad implica contar con la aceptación del PEN, de ambas cámaras de los parlamentos nacional y provinciales.
Los antecedentes más próximos son las firmas de los Pactos Fiscales que fueron sancionados con estos requisitos y que -aunque no fueron cumplidos por parte de las provincias-, están vigentes.
Tampoco esto es garantía de sanidad fiscal, ya que en estos pactos fiscales, las provincias recibieron mayores fondos y no cumplieron con sus obligaciones como por ejemplo eliminar los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos, dos verdaderos causantes del denominado «costo argentino» y de la inflación.
En resumen, la actual crisis cambiaria no es más que el emergente de una dirigencia política que actúa de manera temeraria e irresponsable, en momentos de una fragilidad económica muy severa.
