La demanda de las empresas Suez, Agbar y Vivendi en el tribunal arbitral es debido a la estatización del servicio de agua y saneamiento en 2006.
Argentina debe pagar a las Aguas de Barcelona (Agbar), Suez Environnement y Vivendi unos 350 millones de euros en concepto de la rescisión del contrato por el que estas tres compañías prestaban, a través de la sociedad Aguas Argentinas, el servicio de agua y alcantarillado de Buenos Aires.
En 2005, habían hecho el reclamo al gobierno argentino por un aumento de las tarifas del servicio, que se mantenian varios años con los mismos valores como consecuencia de la crisis económica que sacudió al país en 2001-2002 y la depreciación del peso argentino con respecto al dólar.
A cambio del aumento de los importes en las tarifas, Argentina exigió a las concesionarias, encargadas de prestar la provisión de agua potable y desagües cloacales en Buenos Aires y otras localidades cercanas, que se comprometan a invertir en la mejora de la red y el servicio.}
Las dos partes no llegaron a un acuerdo y finalmente el Gobierno argentino decidió desprenderse del consorcio de empresas europeas, que finalizó con estas llevando el caso al CIADI, que en abril de 2015 se pronunció dándoles la razón y obligando a Argentina a pagar una elevada indemnización.
