La Fiscalía pidió decomisar 141 propiedades pertenecientes a la expresidenta y a Lázaro Báez, entre ellos el inmueble ubicado en San José 1111: ¿qué dice la Justicia?
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, entre ellos el departamento donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. El pedido se enmarca en la ejecución de la sentencia firme que los condenó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Según el planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal, se requirió el decomiso de 141 propiedades —13 vinculadas a sociedades de la familia Kirchner y 128 relacionadas con empresas de Báez—, además de 46 vehículos, US$4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 en una cuenta del Banco Galicia y $53.280,24.
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En el escrito, los fiscales remarcaron que los condenados fueron intimados a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de reparación por la defraudación, pero advirtieron que “todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
Reclamo por el recupero de activos
Luciani y Mola sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme” y afirmaron que esa conducta demuestra una “total falta de arrepentimiento” y constituye “una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Con esta nueva presentación, el total de inmuebles cuyo decomiso fue solicitado asciende a 252 propiedades. En noviembre pasado, el Ministerio Público Fiscal ya había pedido la ejecución de 84 bienes de Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner recibidos a título gratuito, y otros vinculados a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL.
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Entre los nuevos bienes incluidos figuran 13 inmuebles relacionados con Los Sauces SRL y Hotesur SA, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido por Los Sauces en 2015 y donde la expresidenta cumple la condena. También se incorporó el hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner en El Chaltén, provincia de Santa Cruz.
En cuanto a los activos vinculados a Báez, el pedido abarca tres propiedades en Ayres de Pilar, uno de los barrios privados más exclusivos del conurbano bonaerense, y cinco casas en Pinamar, entre otros bienes.
«Fortunas de una opulencia irrazonable»
En uno de los tramos más duros del escrito, los fiscales subrayaron que “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
Además, señalaron que el Ministerio Público Fiscal continuará “trabajando incansablemente, con perseverancia y tenacidad” para ejecutar bienes, dinero y otros activos hasta cubrir la suma fijada en la sentencia.
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“Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos. En especial, de la gran corrupción”, concluyeron.
